Competencia carga contra las limitaciones a los Uber en Euskadi y las tacha de no «justificadas»

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha entregado al Ejecutivo un informe nada benévolo en torno a la normativa que se prepara para poner coto a la entrada de plataformas como Uber o Cabify en Euskadi. En él pide que se retiren del decreto las limitaciones de precontratación, geolocalización y estacionamiento en vía pública, esto es, prácticamente el 80% de las medidas claves del texto presentado hace pocas semanas. La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) concluye que se eliminen esas restricciones «no justificadas, a fin de favorecer un marco jurídico de acuerdo a los principios de regulación económica eficiente en beneficio de las personas consumidoras».

El órgano vasco de Competencia siempre se ha mostrado favorable a abrir en la medida de lo posible dicho mercado para favorecer al consumidor final tanto en precio como en mejor servicio. En diciembre de 2018 emitió un informe de análisis del sector en Euskadi, con recomendaciones de apertura de ese mercado. Posteriormente, en una entrevista concedida a DV el pasado verano, la presidenta de la AVC, Alba Urresola, advirtió que la normativa que se fuera a diseñar «no puede dar la espalda al futuro» y que «no tiene sentido una normativa que prohiba la geolocalización». Ahora, una vez el Ejecutivo ha acelerado el diseño del decreto para que entre en vigor el 1 de enero de 2020, el órgano reafirma de forma contundente su razonamiento.

En un informe de 13 páginas firmado por el Consejo Vasco de la Competencia el pasado día 12 de este mes y, «desde una perspectiva exclusivamente de competencia», la AVC valora todos y cada uno de los artículos que recoge el proyecto de decreto que el departamento de Arantxa Tapia quiere aprobar en Consejo de Gobierno en las próximas semana.

Antes de desgranar las propias medidas, el informe apunta que «en la exposición de motivos del proyecto de decreto no se establece ninguna justificación para la adopción de estas medidas». La AVC explica que en el Real Decreto Ley 13/2018 que el Gobierno español aprobó para que las comunidades autónomas pudiera regular las condiciones de explotación de los VTC se estableció que «las medidas sólo debían pretender la mejora de la movilidad interior de los viajeros o garantizar el efectivo control de las condiciones de prestación de los servicios». Sin embargo, señalan «a juicio de la AVC no se ha acreditado de ninguna manera que las medidas establecidas en el proyecto de decreto se orienten a dicha finalidad».

El informe revela que el Ejecutivo justifica la medida más controvertida, la de establecer en 30 minutos la precontratación de los servicios de un VTC, con un razonamiento ciertamente singular. En la memoria justificativa se señala que actualmente los servicios de VTC en el País Vasco «por cuestiones logísticas» y «por la orografía de Euskadi» no se materializan antes de esos 30 minutos. Competencia califica este argumento como «sorprendente» y señala que si la «propia operativa del servicio» ya sitúa en 30 minutos ese «lapso», resulta «innecesario introducir esa limitación».

También pone en duda la «justificación por la alusión a la orografía vasca» ya que «las autorizaciones VTC no están ubicadas en lugares orográficamente limitados». De ahí la denuncia de que con el proyecto se pretenda «perpetuar» en el tiempo el sistema actual.

Pero poniendo el foco solo en esa precontratación de 30 minutos, la AVC advierte que esa regla reduce la cifra de operadores y «provocaría un incremento de costes para el en forma de mayores precios y tiempos de espera». «Cualquier tiempo mínimo es desproporcionado», argumenta. Y añade que en Cataluña la Justicia ha suspendido la precontratación de una hora establecida por el Ayuntamiento de Barcelona tras una reclamación de la CNMC, anticipando lo que podría pasar en Euskadi.

La AVC tampoco comparte la prohibición de la geolocalización. Y apunta que ya de por sí «con la restricción de 30 minutos deja de tener sentido que los VTC estén geolocalizables». Además, Competencia cree que esta restricción también camina en contra de los taxis que han ido incorporando este sistema.

Y como última limitación que considera «discriminatoria», el órgano que preside Alba Urresola, cree que se debería retirar la obligación de que los VTC no puedan visibilizar su disponibilidad cuando estén estacionados en la vía pública. «Reduce su capacidad de competir en el mercado», justifica la Autoridad Vasca de la Competencia.