La justicia asturiana anula la condena de diez años de cárcel al 'padre Chus' por ofrecer droga a menores a cambio de sexo

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) estima el recurso presentado por el 'padre Chus' y anula la condena de diez años de cárcel por el delito de corrupción de menores. El exsacerdote había sido juzgado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, en Gijón, que deberá pronunciarse ahora, por dictamen de la TSJA, sobre la preservación de la identidad de los testigos protegidos, que no pudieron ser interrogados durante el juicio oral por el abogado sobre los presuntos abusos cometidos por el acusado a cambio de droga.

La sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial en la que se remarcaba su culpabilidad llegó a principios de julio. Consideraba probado, basándose en las pruebas recopiladas durante el juicio, celebrado a puerta cerrada, que el hombre facilitaba droga y dinero a menores de edad a cambio de mantener relaciones sexuales. El exsacerdote habría empleado esta práctica desde, al menos, 2015 hasta 2021, cuando fue detenido en su piso de la calle Donato Argüelles tras meses de investigaciones del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional.

Las pesquisas partieron de un episodio protagonizado por una menor tutelada por el Principado que fue localizada en la calle bajo los efectos de las drogas. Fue a raíz de su testimonio cuando las miradas volvieron a fijarse en el 'padre Chus', quien en 2016 fue expulsado de la Iglesia por mantener relaciones con menores y sobre el que había pesado una investigación judicial que fue archivada entonces por falta de pruebas.

Durante la vista oral, el 'padre Chus' negó radicalmente los cargos que pesaban sobre él y aseguró que acogía a los menores en su casa «pero con ninguna intención de sexo, solo les ayudaba, les daba algo de dinero para sus gastos». Rechazó haberles facilitado droga a cambio de sexo y afirmó que «nunca jamás les hice proposiciones», abundó.

Sin embargo, el fallo, cuenta El Comercio, consideró que su testimonio no se ajustaba a la verdad y que, tal y como mantenía la fiscalía, «los invitaba a subir a su domicilio, en la calle Donato Argüelles, y una vez allí les ofrecía pequeñas cantidades de hachís y también dinero». La sentencia recogió el escrito de acusación del ministerio fiscal y aceptó como probado que «incitaba a los menores para que estos, a su vez, aran con otros y les invitaran a subir al piso para fumar hachís, y con ello, entablar una relación de amistad. Con esto, pretendía ganarse la confianza del mayor número de chicos posible con la finalidad de mantener relaciones sexuales con ellos bajo la promesa de facilitarles dinero, hachís o permitirles estar en su casa consumiendo droga libremente».

En 2015 fue sometido a un juicio canónico y expulsado del estado clerical por supuestos abusos sexuales a menores de edad. De forma paralela, se inició por los mismos hechos un procedimiento judicial, si bien quedó archivado tiempo después por falta de pruebas con las que poder sustentar la acusación.

Sin embargo, en este segundo procedimiento judicial ha salido condenado y aguarda en la calle de forma provisión a que resuelva le recurso en el TSJA. Tras su detención en 2021 permaneció varios meses en prisión provisional para preservar la libertad de testimonio de las supuestas víctimas durante la fase de instrucción. En primavera de 2022 en libertad a la espera de juicio que se celebró finalmente este mes de junio y en el que ha sido condenado a diez año de cárcel.

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