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A. Algaba
Miércoles, 23 de abril 2025, 10:32
Irun ha superado el penúltimo paso para ser declarada zona tensionada al alquiler. Como ya adelantó la pasada semana el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ... el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este miércoles la orden para declarar al municipio zona tensionada, y solo queda el paso de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de final de mes esa validación. Esta aceleración de los tiempos permitirá que a finales de abril el 20% de la población de Gipuzkoa resida ya en zonas tensionadas para el alquiler porque, además de Irun, el Boletín Oficial del Estado publicará también los nombres de Zumaia y Lasarte-Oria, que vendrán a sumarse a Errenteria, que a día de hoy sigue siendo la única localidad de Euskadi declarada oficialmente zona tensionada por el Gobierno central. El BOPV también ha publicado hoy el caso de Barakaldo.
El reconocimiento de Irun como zona tensionada llega acompañado de un plan de acción con mirada de presente y futuro. La propia declaración implica la puesta en marcha de una limitación en el precio de los alquileres para evitar las continuas subidas que, entre otros indicadores, ha motivado que el consistorio pidiera ser considerado zona de mercado tensionado. Será una medida paliativa mientras se aplica la receta que Itxaso tiene clara que traerá la solución: recrecer el parque de viviendas, especialmente con vivienda pública y en alquiler.
La iniciativa va a suponer la puesta en marcha de más de 3.000 viviendas públicas en la próxima década. De ellas, el primer millar se va a empezar a construir en los tres años siguientes a esta declaración y casi la mitad de ellas, 420 este mismo año, según dijo el consejero. Éste es el ejercicio en el que Visesa dará un salto para pasar de construir medio millar de viviendas anuales a más de 700 y, de ésas, 420 serán en Gipuzkoa, concretamente en Irun.
En el caso de Zumaia y Lasarte-Oria, las órdenes publicadas por el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) el pasado día 9 supusieron el penúltimo paso para que ambos municipios pasen a ser oficialmente zonas tensionadas para el alquiler. Todo apuntaba a que iban a ser estos dos municipios los próximos en sumarse a Errenteria, que fue declarada tensionada por el Gobierno central a finales del pasado enero. Ahora, tras estas publicaciones en el BOG, el siguiente movimiento que esperan ambas localidades es aparecer en el Boletín Oficial del Estado, dentro de la actualización del listado trimestral de municipios que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana prevé publicar a finales de este mes con las localidades declaradas como mercado residencial tensionado.
Este penúltimo paso de Zumaia y Lasarte-Oria llegó después de superar el periodo de exposición pública sin ninguna alegación y haber aprobado el Gobierno Vasco el plan con el que estas dos localidades pretenden salir del tensionamiento en los próximos años.
En el caso de Zumaia, la localidad costera forma parte de los 43 municipios vascos que acogen al 68% de la población -en torno a 1,5 millones de personas- donde el mercado residencial se encuentra tensionado, con un incremento sostenido de la demanda y una oferta claramente insuficiente. En la actualidad, el registro de demandantes de vivienda en Etxebide en la localidad costera refleja la magnitud del problema: 685 personas inscritas, de las cuales 300 buscan una vivienda en régimen de alquiler.
En el caso de San Sebastián, el Boletín Oficial del País Vasco publicó el pasado 12 de marzo la orden en la que daba comienzo el procedimiento para que la capital guipuzcana se declare zona tensionada para el alquiler. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco elaborará la redacción final de la orden. Si todo continúa su curso, la declaración oficial va a volver a ser publicada en el BOPV, que se trasladará al Ministerio de Vivienda para que sea este el que lo decrete de manera definitiva en el BOE, previsiblemente, de julio.
Con la declaración de zona tensionada de un municipio las ventajas para el del inquilino a su derecho a la vivienda son claras: entre otras, topa los precios, establece tres prórrogas anuales extraordinarias para los contratos que finalicen y fija límites reforzados para los grandes tenedores –que poseen cinco o más viviendas-. Se limita también el precio del alquiler de nuevos contratos en viviendas que no hayan estado alquiladas los últimos 5 años con un límite que vendrá marcado por los precios de referencia.
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