Kutxabank calcula en 110 millones el impacto del gravamen, que afectará al pago de las fundaciones

Es el beneficio del banco la fuente que emplea Kutxabank para remunerar a sus accionistas (BBK, Kutxa y Vital) y que había elevado hasta el 60% de esas ganancias. Una cantidad que se verá reducida en un 4,8%, el porcentaje que deberá abonar la entidad por los márgenes de intereses y por los ingresos de comisiones y servicios que en 2021 ascendieron a 1.165 millones (559 millones en intereses y 606 en comisiones).

La aportación recibida por las fundaciones se había reforzado tras la suspensión en el reparto de dividendos en 2020 establecida por el BCE ante las posibles consecuencias de la crisis de la pandemia. En 2021, Kutxabank aportó a BBK, Kutxa y Vital un total de 156 millones.

Más allá de lo que ocurra con los recursos judiciales que diferentes entidades o la propia patronal bancaria barajan interponer, lo que sí maneja la entidad surgida de las antiguas cajas de ahorro vascas es que antes del próximo 20 de febrero deberá pagar unos 25 millones de euros. Se trata del adelanto sobre la totalidad del pago que deberá liquidar el año que viene sobre los ingresos de este 2022, que se prevé en 50 millones, por 60 millones para el siguiente ejercicio.

La 'prestación patrimonial no tributaria' a la banca será un recorte del beneficio que debe alimentar también las provisiones con las que los bancos deben asegurarse ante posibles riesgos. En las últimas semanas tanto el Banco Central Europeo (BCE), como el Banco de España, han insistido en la importancia de aumentar estas dotaciones para asegurar créditos cuya devolución pueda complicarse por el encarecimiento de los tipos de interés y los problemas de la economía ante la desaceleración que se viene registrando. Históricamente Kutxabank ha sido una de las entidades que en España más prudencia ha tenido para establecer la cuantía de estas provisiones encabezando el ranking de porcentaje sobre beneficios. Así que es un punto más de tensión para los futuros repartos.

De momento, el gravamen a los bancos tiene un carácter temporal de dos años y la voluntad del Gobierno es que no se repercuta en los costes para los clientes o en el endurecimiento en el al crédito. Para ello se encargará la vigilancia de este punto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).