El Gobierno Vasco convoca a los agentes sociales para frenar la brecha salarial

El viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Jon Azkue, ha convocado por carta a los principales agentes sociales (sindicatos y patronal) de Euskadi a una reunión desde la que abordar la lucha contra la brecha salarial de género. La cita, que según esa misiva -a la que ha tenido DV- se celebrará el próximo día 21, da cumplimiento al mandato realizado al propio Ejecutivo por parte del Parlamento Vasco, que el pasado día 1 instó al gabinete de Iñigo Urkullu a conformar ese grupo de trabajo dentro de un plan de acción más amplio.

Según la citada carta, en la que se invita a los máximos responsables de ELA (Adolfo 'Txiki' Muñoa), LAB (Garbiñe Aramburu), CC OO de Euskadi (Loli García), UGT (Raúl Arza) y Confebask (Roberto Larrañaga), por parte del Gobierno Vasco acudirán también junto a Azkue la directora de Trabajo, Elena Pérez, y la subdirectora de la Inspección. También está convocado al encuentro, en calidad de experto o técnico, el presidente del Consejo Vasco de Relaciones Laborales, Tomas Arrieta.

En los últimos tiempos, el problema de la brecha salarial de género y la ausencia de medidas correctoras de esta situación, que también se da en el País Vasco, ha suscitado la atención de diferentes agentes, tanto sindicales como sociales o políticos. De hecho, se han presentado distintos estudios que, desde una u otra perspectiva, han abordado el asunto.

Entre estos últimos destaca uno realizado por los técnicos de Hacienda (Gestha) que señalaba que en España, de media, ellas cobraron en 2016 4.745 euros menos que ellos, es decir, un 30% por debajo de sus compañeros hombres. Y es que las mujeres, habitualmente a cargo de niños y mayores, sufren peores condiciones y una temporalidad mucho más alta que los varones. En Euskadi, por ejemplo, cerca de un 70% de aquellos puestos de trabajo que están habitualmente peor remunerados es ocupado por féminas.

Fue en esa tesitura en la que el Pleno del Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley relativa a la igualdad de género y el mercado laboral que, entre otras cosas, pedía al Gobierno una implicación intensa en el problema.

La Cámara -con el voto favorable de todos los grupos- reclamó al Ejecutivo campañas de concienciación y la elaboración en un plazo de seis meses de un plan de acción para el periodo 2018-2020 «que tenga por objetivo reforzar las políticas del departamento de Trabajo y Justicia, en colaboración con el de Empleo y Políticas Sociales, para la eliminación de la brecha salarial». Un plan, pedían los parlamentarios, que cuente «con los recursos necesarios».

Junto a ese llamamiento a sentar en la misma mesa a los agentes sociales para «debatir en profundidad para acordar medidas» correctivas, el Parlamento pidió al Gobierno que se coordinara con Emakunde para la realización de informes periódicos sobre esta lacra. Del mismo modo, la proposición incluía la demanda de «incorporar herramientas para la denuncia de casos de brecha salarial en el buzón contra el fraude laboral».