El Gobierno propone crear un nuevo impuesto para limitar la compra de vivienda a los extranjeros

En concreto, será un Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la Unión Europea, aunque no estará cedido a las comunidades autónomas para evitar una doble carga impositiva. Eso sí, será deducible si las comunidades autónomas aplican el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Según consta en el documento, para determinar su base imponible se tomará como referencia el valor de los inmuebles «salvo precio o contraprestación superior pactada entre las partes, resultando deducibles las cargas que recaigan sobre los mismos, pero no las deudas».

La medida, que ya se anunció en enero, generó una fuerte polémica en los medios internacionales, especialmente los británicos, cuya población presenta una fuerte actividad de compra de viviendas en nuestro país. Es cierto que la demanda extranjera es clave para explicar el entorno actual de subidas de precios. Pero buena parte de esa demanda procede de internacionales que residen en España. Según los datos de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Vivienda, los extranjeros compraron 125.857 viviendas en el último año, suponiendo un 18,4% del total, y un 30,7% más de transacciones que en 2019, tal y como recogen los analistas de CaixaBank Research en un reciente análisis. «En comparación, las compraventas por parte de españoles se encuentran un 17,7% por encima del nivel de 2019», apuntan.

El plan del Gobierno, sin embargo, está destinado a los inversores extracomunitarios y no residentes que, según datos del Consejo General del Notariado, apenas suponen un 1,69% del total de todas las transacciones sobre vivienda libre, con 8.476 compras en 2024 (hasta el tercer trimestre). En 2023 (último año con datos de cierre) la cifra rondó las 17.200 viviendas, un 2,7% del total y un 30% de las protagonizadas por todos los extranjeros.

Entre otras medidas que contempla la propuesta del PSOE en el Congreso se encuentra también el establecimiento de un IVA del 21% a los pisos turísticos, una medida que ya se negoció pero que no superó el trámite parlamentario.

El Ejecutivo pretende con la propuesta frenar el boom de este tipo de alojamientos, al considerar que contribuyen negativamente a la presión de los precios de la vivienda. La idea es que dejen de ser considerados como un negocio y tributen como una actividad económica, siendo las plataformas digitales que se dedican al sector las responsables del gravamen, para que los propietarios no puedan deducírselo.

El PSOE también ha presentado una serie de enmiendas también a la Ley de los alquileres temporales, el PSOE plantea multas de hasta 600.000 euros para las plataformas como 'Airbnb' si no ofrecen datos de actividad y los números de registro de los alojamientos que publicitan. Precisamente el Ministerio de Consumo ha pedido recientemente el bloqueo de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos en la plataforma por infracciones de este tipo.

En primera instancia, el PSOE propone que los contratos de temporada, por habitaciones y turísticos sean considerados de corta duración según establece el Reglamento europeo que versa sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de este tipo de alojamientos.

La idea con esta propuesta es, por un lado, que puedan ser registrados en la Ventanilla Única Digital que desarrolló el Ministerio de Vivienda en enero de este año y, por otro, que estén sometidos a un régimen sancionador que establece multas muy graves, graves o leves.

La propuesta del PSOE también incluye las medidas anunciadas a principios de enero para modificar la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (SOCIMI), que pasarán de tributar el 15% al 25%, salvo que se trate de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible.

También el aumento de la tributación por vivienda vacía, para incentivar su salida al mercado del alquiler, así como la extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF a zonas que no hayan sido declaradas tensionadas.