Nochevieja en alerta roja y en manos de los jueces

El tribunal sopesará hoy si efectivamente prevalecen esos derechos o si las medidas decretadas por el Gobierno Vasco son proporcionales a la emergencia que requiere la pandemia. Si fuera 28 de diciembre, hasta sonaría a broma, pero quizá no haya mejor retrato del desconcierto de la pandemia y de los vaivenes en la gestión de las restricciones que este fin de año de foto finish.

En esta tesitura de no saber qué va a pasar se mueve Euskadi para despedir el año y estrenar 2022 –en realidad, pocas certezas ha dejado intactas la crisis sanitaria desde su inicio–. Sacudida por una sexta ola sin control y con cifras de contagios nunca antes vistas por culpa de la variante Ómicron –más de 11.000 en una sola jornada–, la explosión de positivos está lejos todavía de tocar techo según las previsiones de Osakidetza, con una presión hospitalaria menor que en otras olas, pero en constante aumento, y una Atención Primaria sobrecargada donde se han tenido que limitar los protocolos de rastreo a los grupos vulnerables porque no se da abasto. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, fue ayer clara: no hay datos que inviten de momento a pensar en un cambio de tendencia en la evolución de la pandemia. «Ojalá me equivoque, no me importaría nada», remarcó en una entrevista radiofónica previa al carrusel informativo en relación al recurso judicial presentado por los hosteleros que ha vuelto a poner patas arriba los planes del Ejecutivo autónomo.

El gremio formalizó el recurso ayer por la mañana. En su petición, solicitaban medidas cautelarísimas, esto es, que con carácter de extrema urgencia se tomara una decisión respecto a su recurso. El auto judicial, a cargo de la sala que preside el juez Luis Garrido –firmante de algunos de las resoluciones que han dado un portazo judicial a las restricciones de la pandemia, como el cierre de la hostelería en la segunda ola–, desoyó la petición de que se adoptaran medidas cautelarísimas y se inclinó por el procedimiento de medidas cautelares, que permite al Gobierno Vasco presentar alegaciones. Los magistrados subrayan la delicadeza del asunto, de ahí que sea «preciso oír a la istración demandada dados los intereses en juego, que incluyen la salud pública». El plazo para ello expira hoy a las 10.00 horas.

Luego, la sala resolverá la cuestión. Pero ayer, en el auto ya deslizó que «es innegable que hay una ola numéricamente muy importante de la pandemia, con un aumento de casos registrados, y aun cuando pueda discutirse si efectivamente se cumplen plenamente dichos requisitos sobre la necesidad, idoneidad y proporcionalidad, lo cierto es que parece razonable que se intente reducir las ocasiones de o, así como la duración de las horas, dada la gran cantidad de positivos».

Los hosteleros sostienen su petición en varios argumentos, todos ellos remarcando que las medidas se han adoptado «sin margen» para que los sectores afectados pudieran maniobrar. Hostelería Gipuzkoa, que convocó una rueda de prensa en su sede en Donostia, recordó las manifestaciones realizadas por el lehendakari, Iñigo Urkullu, el pasado 22 de diciembre, en las que se señalaba que «no se tomarían medidas adicionales a la extensión de la mascarilla».

El recurso presentado también remarca «la ausencia de informes concluyentes que acrediten que la procedencia o expansión de los contagios se produce en los espacios donde se desarrolla la actividad hostelera», a lo que añade «el previsible descontrol que puede acarrear la ausencia de una oferta de ocio nocturno profesional y cumplidor» la noche del 31 de diciembre.

Kino Martínez, secretario general de la asociación, mostró el «hartazgo» del sector que llega «exhausto de tanto esfuerzo» tras casi dos años de pandemia y restricciones, al mismo tiempo que aseguró que las medidas adoptadas por el LABI «serán ineficaces», puesto que la gente saldrá a la calle a celebrar la entrada del año, estén o no los bares abiertos.

Martínez también lamentó la «incapacidad material –del Gobierno Vasco – de aportar medios humanos que controlen el cumplimiento de las medidas», con la Atención Primaria colapsada por la avalancha de positivos y las más de 30.000 pruebas que se están realizando al día en Euskadi. Los hosteleros hicieron hincapié en las formas y tiempos en los que el Ejecutivo de Urkullu han tomado estas decisiones, «con absoluto desprecio al trabajo de los profesionales del sector, que planifican con tiempo unas fechas tan señaladas».

Así las cosas, el embrollo judicial remata un año «complicado» para el sector, según manifestaron desde Hostelería Gipuzkoa. La actividad sí ha mejorado «los resultados del 2020, pero se sitúa lejos de las cifras de 2019, con una caída de facturación en torno al 18%», cifró Martínez. Respecto al empleo, los datos «son también negativos» en comparación con la situación de antes de la pandemia. A 31 de noviembre, un total de 23.630 personas estaban empleadas en Gipuzkoa, un 4% menos que en 2019.

«Las razones que justifican esta situación están directamente ligadas a las restricciones a la actividad del sector», remarcó Martínez en la rueda de prensa. «La hostelería de Gipuzkoa ha cumplido con la normativa que se nos ha impuesto durante estos 22 meses, acatando normas que no eran, en su mayoría, de nuestro agrado», insistió. «Unas restricciones que han afectado tanto a los modos de trabajo como a la forma de socializar de la ciudadanía», añadió Martínez.

Y ahora de nuevo en vilo. Los jueces, como ya ha ocurrido en innumerables ocasiones en pandemia, decantarán la balanza.