Tres ertzainas antes de un partido de la Real Sociedad. Félix Morquecho

Ertzainas de todas las comisarías de Gipuzkoa llevarán cámaras para grabar sus actuaciones desde junio

Seguridad completará el despliegue de estas 'bodycams' en el territorio al equipar a los agentes de las comisarías de Errenteria, Eibar, Hernani, Bergara y Zumarraga

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 22 de mayo 2025, 06:50

Todas las comisarías de la Ertzaintza en Gipuzkoa contarán desde junio con cámaras individuales para grabar sus intervenciones. El Departamento de Seguridad completará durante el ... próximo mes el despliegue de estos dispositivos entre los agentes del territorio con su implantación entre el personal de Seguridad Ciudadana de las ertzain-etxeak de Errenteria, Eibar, Hernani y Deba Urola (Bergara yZumarraga). Se sumarán así a los agentes de Donostia,Irun, Urola Kosta (Azkoitia yAzpeitia) y Oria (Tolosa y Beasain), que desde finales de 2024 ya operan con estos aparatos durante sus intervenciones cuya principal finalidad es la de dotar de seguridad jurídica tanto a los ertzainas como a la ciudadanía.

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La dotación de esta tecnología se enmarca dentro del proyecto 3I-Ikusle, cuyo objetivo final es que la Ertzaintza cuente con 1.387 sistemas de grabación móvil o 'bodycams'. Tras un plan piloto que tuvo lugar entre 2021 y comienzos de 2022, Seguridad comenzó un primer despliegue de estos dispositivos a comienzos de año con la puesta en funcionamiento de las primeras 877 cámaras en once ertzain-etxeak de Euskadi, además de la Unidad de Brigada Móvil. La previsión del GobiernoVasco es poder activar otras 405 durante el mes de junio, según se desprende de una documentación remitida al Parlamento Vasco por el consejero Bingen Zupiria en respuesta a una solicitud de información de Gorka Ortiz de Guinea, de EH Bildu. Quedaría «pendiente de agendar», sostiene Zupiria, el despliegue de 105 dispositivos para las Unidades de Tráfico, «por estar en fase de pruebas de nuevas sujeciones».

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Las 'bodycams' se emplean por personal uniformado de Seguridad Ciudadana cuando concurra la existencia de un peligro concreto para la ciudadanía o los agentes. Es decir, durante una intervención con presencia de armas, violencia, intimidación, o ilícitos penales o istrativos con la finalidad de garantizar la transparencia de las actuaciones. Se visten en la parte frontal del uniforme y deben estar colocadas en todo momento en disposición de ser activadas con celeridad.

Los agentes de la ertzain-etxea de Donostia, por ejemplo, son los que más horas de grabación han registrado hasta el momento en Gipuzkoa. Más de 55 horas y media. La mitad que los agentes de Bilbao, pero muy lejos del tiempo de activación de los dispositivos que portan los de la comisaría de Vitoria. Suman más de 136 horas de grabación en casi cuatro meses.

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Las imágenes que contengan hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones penales se pondrán a disposición judicial y, si son infracciones istrativas relacionadas con la protección ciudadana, se remitirán a la Secretaría General de la Ertzain-tza para el inicio del oportuno procedimiento sancionador, adjuntadas al informe de denuncia correspondiente.

Seis investigaciones internas

En la actualidad, indica el consejero de Seguridad en el documento remitido al Parlamento, la Policía vasca tiene 17 procedimientos istrativos abiertos, además de 6 investigaciones abiertas por la Jefatura de Asuntos Internos en las que se han recabado las grabaciones de las 'bodycams' portadas por los ertzainas, «dándose la circunstancia de que dos de estas investigaciones se iniciaron a raíz del visionado de las grabaciones». Todos estos últimos expedientes han sido abiertos en lo que va de año.

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En este sentido, Zupiria informa de que «no se ha iniciado ningún procedimiento disciplinario a raíz del visionado de las grabaciones captadas por 'bodycams', no existiendo tampoco, en ninguno de los procedimientos incoados, grabaciones de este tipo de cámaras».

Las grabaciones relacionadas con infracciones penales o istrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o istrativo abierto, no se destruirán hasta que así lo determinen los órganos competentes. El resto de grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de tres meses.

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