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M. Á. M.
Domingo, 8 de junio 2025, 00:03
Son cerca de 100 millones de euros que la Diputación de Gipuzkoa está sufragando por su cuenta, en virtud del régimen foral que atribuye al ... territorio la competencia exclusiva en materia de carreteras. Pero las obras de modernización de los túneles de la A-15 derivan de una normativa europea, y Bruselas ayuda en su financiación. Sucede que el receptor de esos fondos comunitarios para la adaptación de los túneles es el Estado, y es aquí donde ha surgido un conflicto entre el Gobierno foral y el estatal.
Gipuzkoa defiende su derecho a recibir la parte que le corresponde de los fondos Next Generation para esta partida, y denuncia que el Ministerio de Transportes ha destinado el dinero recibido de Bruselas a costear las obras de las carreteras estatales, dejando fuera del reparto a Gipuzkoa.
Es más, la directora foral de Carreteras, Silvia Pérez, apunta que Navarra, que también tiene régimen foral y competencia en la materia, sí ha recibido «40 millones para sus obras en Belate y Almandoz». En el caso de la comunidad vecina, esos proyectos ascienden a unos 200 millones de euros. «Por lo tanto, si a Navarra le han dado 40 por unas obras de 200, a Gipuzkoa le deberían corresponder 20 por las nuestras de 100, que también son transeuropeas y de interés general», razona.
La reclamación sigue abierta y el propio diputado de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Felix Urkola, ha denunciado este «agravio comparativo».
Además de los túneles de la A-15, la norma también afectaba al de Itziar en la AP-8. Pero Pérez explica que la orden europea recoge una serie de excepciones a las que Gipuzkoa se ha podido acoger porque ese paso «ya es seguro» y «cumple las condiciones para acogerse a las excepciones previstas». Además, subraya que «llevar a cabo una obra en ese túnel como las que se están haciendo en la A-15 tendría enormes repercusiones en el tráfico. En ese punto no valdría un by por la cantidad de tráfico que existe y habría que buscar otras soluciones», apunta.
La norma se aprobó en 2014 y se concedió a todos los países un plazo inicial de diez años para acometer las adaptaciones y luego otro de cinco, que venció el 30 de abril de 2019. A pesar del retraso, la Diputación no teme recibir una multa de Bruselas. «La UE está vigilando, y ve que estamos llevando adelante los trabajos y estamos cumpliendo, por lo que no parece que vayan a sancionarnos», afirma Pérez.
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