«Llevo diez meses esperando la sentencia para saber si me dan la incapacidad o no»

De la Peña explica que se trata de un trabajador de entre 45 y 50 años, que trabajaba como indefinido a tiempo completo en una empresa del sector servicios. Tras solicitar en 2021 una baja como consecuencia de una patología que padece, fue sometido a pruebas médicas en las que se decretó su ineptitud sobrevenida para trabajar. En noviembre de 2022, este trabajador solicitó que se le concediera la incapacidad absoluta, pero la Seguridad Social denegó esta petición. «Es un trabajador que solicitó la incapacidad permanente, y subsidiariamente la total, pero la Seguridad Social se la niega», explica. «La empresa le realizó una evaluación médica, a través de la mutua, y el resultado concluyó que no era apto para trabajar. Por tanto, su despido fue objetivo, por ineptitud sobrevenida», relata.

Según De la Peña, su representado pasó, tras su despido, a cobrar la prestación por desempleo a la espera de que se llegara a celebrar el juicio por su incapacidad. El juicio tuvo lugar el pasado febrero en el juzgado de lo Social nº5, pero no se llegó a dictar sentencia, como consecuencia de la dejadez de funciones de la magistrada sustituta que ha sido apartada. «El juicio se celebró en febrero, pero nunca se dictó sentencia. Mi representado lleva diez meses esperando, sin saber si podrá cobrar una pensión de incapacidad», lamenta. Sucede además que su cliente está cobrando actualmente una prestación por desempleo, la cual dejará de cobrar el próximo enero. Una vez agote el derecho a cobrar esta ayuda económica, solamente podría recibir una prestación no contributiva, que según De la Peña «sería de alrededor de unos 400 euros mensuales». «Si tiene suerte, y una vez comiencen a repetir los juicios en enero, el suyo será uno de los primeros en celebrarse, no resultaría perjudicado, puesto que puede cobrar el paro hasta entonces». No obstante, indica que, si se ve obligado a esperar más tiempo, una vez que deje de cobrar el paro «pasaría a percibir un subsidio de 400 euros, o a cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), si es que cumple con los requisitos». «Es una persona con cargas, tiene familiares a su cargo», comenta De la Peña. «Si no se le concede la RGI a este trabajador, su familia tendrá que salir adelante con la ayuda de 400 euros mensuales», explica.

Además, recuerda que, al mismo tiempo, hay casos de otras personas afectadas por este bloqueo, con casos similares, pero que no tienen derecho a cobrar ninguna prestación por desempleo. «En este caso tenía derecho a paro hasta enero, pero hay que tener en cuenta que hay situaciones de gente que no tiene ni este recurso como opción». Según el graduado social, el colapso en el juzgado de lo Social nº 5 de San Sebastián «lleva tiempo ocasionando retrasos», y destaca que «hay compañeros que hablan de casos de personas que tienen sentencias pendientes desde septiembre de 2023, llevan más de un año a la espera. Se trata de una situación excepcional».

Debido a las quejas recibidas por parte de diferentes afectados, De la Peña asegura que, como presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gipuzkoa, inició os con el juez decano de San Sebastián, Santiago Romero, entre mayo y abril de este año, con el objetivo de que este último interviniera para buscar una solución al problema. «Hablamos con el juez decano, y desde el Colegio le solicitamos que tomara cartas en el asunto, porque veíamos que la cosa se estaba demorando demasiado, y que no era una situación normal, no había sucedido antes».

Cabe recordar que los 198 juicios que dejó pendientes de sentenciar la jueza sustituta que ahora ha sido apartada serán anulados por una nueva magistrada interina, que asumirá dichas funciones a partir de enero, por un plazo prorrogable de seis meses. Esta nueva sustituta se ofreció voluntaria para encargarse de retomar los procedimientos judiciales que se celebrarán a lo largo de los próximos meses. Unos procedimientos en los que las partes implicadas deberán volver a realizar la práctica de la prueba. Se trata de asuntos en los que, en algunos casos, la espera roza los dos años. Una situación que, tal y como asegura Santiago Romero, «es un caso excepcional». Aunque se produce en un contexto en el que la congestión en los juzgados provoca que que los ciudadanos cada vez deban esperar más para ver sus casos resueltos.