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Desde que plantó cara a las amenazas de Donald Trump y demandó a su gobierno, la Universidad de Harvard se ha convertido en un símbolo ... de resistencia. Jóvenes de todo el país que nunca han pasado por su campus llevan ahora el escudo de Harvard en la solapa. Por lo mismo, para Trump y sus acólitos, doblegarla es obligatorio. No pueden dejar que cunda su ejemplo.
Ayer, el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Antisemitismo de la Casa Blanca, creado para revisar la actividad de todos los campus del país, anunció, sin muchas explicaciones, que recortará otros 450 millones de dólares en ayudas federales a la universidad estadounidense más prestigiosa del mundo. La cantidad, aclaró en el comunicado, se suma a los 2.200 millones ya retirados, lo que pone el precio de esta batalla en 2.650 millones de dólares, sin contar lo que le pueden costar las investigaciones que le ha abierto el gobierno como represalia.
«Hay un problema oscuro en el campus de Harvard», afirma el comunicado difundido ayer por este grupo de trabajo, que no lanza acusaciones nuevas, sino insiste en las anteriores. «Al priorizar la complacencia sobre la rendición de cuentas, los líderes institucionales han perdido el derecho a recibir apoyo del contribuyente», sentencian los abogados de los departamentos de Educación y Salud, en un documento que acusa al campus de ser «un caldo de cultivo para el postureo moral y la discriminación».
Ayer Harvard guardaba silencio. La Casa Blanca no ha aclarado qué agencias están congelando estos nuevos fondos, ni qué programas concretos se verán afectados, pero ya son ocho agencias las que le han cerrado las puertas. La secretaria de Educación, Linda McMahon, advirtió la semana pasada a la Universidad que no se presente a ningún concurso público ni solicite becas o subvenciones de ningún tipo. Ya a final de abril la Comisión federal de Igualdad de Oportunidades y de Empleo abrió una investigación contra la institución académica por discriminar contra un blanco heterosexual y el Departamento de Servicios Humanos y de Salud del gobierno investiga el uso de «preferencias raciales» en la prestigiosa publicación de Harvard Law Review, en la que Barack Obama hizo historia en 1990 al convertirse en el primer presidente afroamericano de la revista estudiantil.
Con la excusa de combatir el antisemitismo y defender la meritocracia frente a las políticas de diversidad, el gobierno intenta ejercer el control sobre los centros académicos de poder, algunos de los cuales, como la Universidad de Columbia, han claudicado disolviendo la representación estudiantil y aceptando supervisión externa. El presidente de Harvard ha lamentado, «como judío y como estadounidense», que el gobierno de Trump haya elegido el antisemitismo como justificación para sus abusos.
Universidades de todo el país con menos recursos e influencia tienen la vista puesta en Harvard que, según Obama, «puede pasar sin un gimnasio nuevo», dijo irónico el expresidente, al defender la necesidad de plantar cara al gobierno de Trump para defender los principios y valores de la democracia.
La batalla legal llegará a los tribunales el 21 de julio, cuando ambas partes presenten sus argumentos orales. Hasta entonces, los fondos permanecerán congelados y miles de proyectos de investigación y becas estarán en el limbo. El presidente de Harvard, Alan Garber, ha advertido que la suspensión de los fondos pone en peligro las investigaciones que lleva a cabo la Universidad en temas como el cáncer infantil, el alzhéimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple, por citar algunas. «Las víctimas serán los pacientes del futuro y sus seres queridos», advirtió el mes pasado al anunciar la demanda.
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