Manuel Marchena

Magistrado del Tribunal Supremo

«Las acusaciones de 'lawfare' son una infamia. Ninguna sociedad sobrevive si no cree en sus jueces»

-¿Por qué ha querido escribir este libro?

-La verdad es que a lo largo de mi vida profesional he escrito y publicado mucho. Pero todo eran libros y artículos dirigidos a los profesionales del derecho. Me apetecía ahora escribir para ese lector que, aun sin ser jurista, está interesado en los problemas del día a día, tan relacionados con la justicia. El hecho de haber dejado la presidencia de la Sala Penal me permite compaginar mejor el tiempo que tengo que dedicar a las sentencias con el tiempo para escribir. Acuérdese de lo que decía Gregorio Marañón: «Hay que ser trapero del tiempo»

-Su libro se titula 'La justicia amenazada'… una cosa es la justicia, pero ¿también los jueces se sienten amenazados?

-Cuando los jueces miramos al horizonte, le aseguro que no lo vemos especialmente despejado. Como apunto en el libro, la crisis del Consejo General del Poder Judicial, que tanto daño ha hecho al Tribunal Supremo, la existencia de una profunda crisis en el Ministerio Fiscal, viviendo situaciones inéditas hasta ahora, y los excesos de la acción popular están contribuyendo a acabar con la confianza que cualquier sociedad debe tener en sus jueces. Si a eso le añadimos el tono de algunas de las críticas de responsables políticos que a diario oímos en tribunas públicas… coincidirá usted conmigo que el panorama no invita precisamente al optimismo.

-El primer capítulo se titula '¿De quién depende el fiscal? Pues ya está'… lapidaria frase que Pedro Sánchez pronunció una mañana en una entrevista en RNE… ¿Teme que se entienda de entrada este arranque del libro como una crítica del magistrado Marchena al presidente del Gobierno?

-Mi libro no está escrito contra nadie. Esa frase me pareció que era la percha perfecta para la reflexión que hago en el capítulo que dedico al Ministerio Fiscal. Refleja una concepción gubernamental de la Fiscalía General que, estoy seguro, no habrá gustado a muchos de los profesionales que día a día se dedican a promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Como usted habrá podido comprobar con la lectura del libro, yo no hago ningún juicio de valor sobre esa frase. Y no creo que repetir lo que se ha dicho en una entrevista pública pueda considerarse un ataque a quien ha pronunciado la frase.

-Por cierto ¿hay algún Gobierno que no haya manejado al fiscal general a su antojo?

-En el libro me refiero a la metástasis del poder político que intenta ocupar todos los instrumentos de control de su trabajo. De hecho, históricamente el fiscal ha sido considerado -así lo definían algunos textos legales- como el órgano de representación del Gobierno ante los tribunales de justicia. Pero la Constitución quiso cambiarlo todo. Al modelo constitucional debemos ajustarnos.

-¿Qué le parece la reforma del estatuto fiscal para que el mandato del fiscal general ya no coincida con el del Gobierno y que las comunicaciones entre éste y el Gobierno sean solo por escrito?

-No la he leído todavía. Me da la impresión de que no es un buen momento para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

-¿Por qué la clase política no quiere levantar el aforamiento? Usted mismo afirma en el libro que si se le preguntara a la ciudadanía, respondería que efectivamente la condición de político les confiere un privilegio ante la jurisdicción penal.

-Le parecerá una tontería, pero he llegado a pensar que el aforamiento es visto por algunos como un toque de distinción protocolaria para revestir un cargo público. Entiendo la percepción ciudadana, pero fíjese que algunos de los aforados que han sido condenados en el Tribunal Supremo han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se han considerado injustamente privados del derecho a recurrir en apelación la sentencia que les condena.

-Cuando ve los telediarios, ¿sufre cuando un investigado hace el 'paseíllo'? ¿Es una pena a pagar por adelantado aunque uno salga libre de culpa?

-La verdad es que me causa rechazo hablar del 'paseíllo' o de la 'pena de banquillo'. Pero lo cierto es que la publicidad como garantía para controlar la tentación de arbitrariedad de los jueces se ha convertido en la publicación del proceso como acto de fisgoneo colectivo. En el libro recojo -y matizo- la frase de Mirabau: «No me importa que me enjuicien mis enemigos, con tal de que lo hagan públicamente». Sin embargo, estoy seguro de que hoy en día cualquier acusado preferiría un juicio clandestino a un juicio expuesto a la opinión pública. No deja de ser una paradoja.

-Cuenta en su libro un episodio de Fortunata y Jacinta, de Pérez Galdós, y cita el pasaje en el que un marido anuncia su venganza (quiere atravesar con la espada a su esposa y su amante) y se muestra orgulloso de manchar sus manos de esa sangre. Es de finales del siglo XIX, pero nos ha llevado a pensar (y perdone este giro de guion en la pregunta) en el libro de Bretón que se ha retirado ya, pero ¿ese libro habría visto la luz de ser por los jueces?

-Por favor, no compare a mi ilustre paisano —para mí el mejor novelista después de Cervantes— con el libro de Bretón. 'Fortunata y Jacinta' eran fruto de la inspiración de Galdós. No eran personajes reales. Bretón perseguía narrar la metodología de un doble asesinato que él mismo había ejecutado. No son comparables.

-Hablando de la violencia contra la mujer… a veces la sociedad no entiende algunas sentencias. Se dice que los jueces hablan por sus sentencias, ¿pero echa en falta una explicación más comprensible por parte de los propios magistrados? ¿Es un disparate pensar en que un juez pueda dar una rueda de prensa para explicar sus sentencias para que el ciudadano de a pie las comprenda mejor?

-Creo que los jueces no deberían explicar sus sentencias mediante ruedas de prensa. Lo que está claro es que las sentencias deberían estar redactadas en un lenguaje que permitiera al ciudadano acusado entender las razones de su absolución o condena. Desde luego que sí.

-Siguiendo con este asunto… ¿cómo el ciudadano Manuel Marchena (no el juez Marchena) ve algunas preguntas especialmente de magistrados a víctimas de agresiones sexuales? ¿No son interrogatorios a veces demasiado descarnados, carentes de empatía, que de alguna forma hacen pasar un mal trago a la mujer que incluso se puede sentir revictimizada?

-No sé si usted se está refiriendo a algún caso concreto. Yo no. Dicho esto, la victimización en juicio de la mujer agredida debería evitarse por encima de todo. Pero piense que hay ocasiones en que las preguntas que formula el juez o el fiscal son indispensables para traducir jurídicamente una agresión sexual. Por ejemplo, para saber si fue o no consumada una violación va a ser indispensable preguntar a la víctima detalles acerca de los términos en que se produjo el o sexual. La delicadeza en el trato a la víctima debería ser una regla general.

-Vemos que los delitos de pederastia no dejan de crecer… ¿tiene un diagnóstico sobre este asunto tan terrible? ¿cree que el fácil al porno de nuestros jóvenes contribuye a esta lacra?

-Sin duda. En su pregunta está la respuesta. El temprano y fácil de los jóvenes -diría niños- a la pornografía infantil está alterando pautas de conducta y generando muchas alteraciones en la formación sexual. No se trata ya de una opinión, sino de un hecho constatado mediante estudios sociológicos que siguen alertando del grave problema al que nos enfrentamos.

-Habla en su libro de la acción popular… ¿se ha pervertido esta herramienta para tratar de hacer otro tipo de justicia distinta a la que usted representa?

-La acción popular es un bien constitucional, pero tiene que ser objeto de una regulación que impida pervertir su significado. Se trata de que el ciudadano participe en la istración de justicia, pero no de que los partidos políticos conviertan los juzgados en el nuevo escenario de sus disputas. Hay que evitar también la existencia de colectivos profesionalizados en el ejercicio de la acción popular. Pero también digo en el libro que cualquier reforma de la acción popular debe hacerse con generalidad y abstracción de casos concretos.

-¿Le preocupan los mensajes de odio que circulan por las redes sociales? ¿Cómo perseguir a un anónimo que pide que se mueran los homosexuales o que aplaude que los inmigrantes se ahoguen en el Mediterráneo?

-¡Claro que me preocupan! De hecho, estoy seguro de que usted y yo hemos sido destinatarios de mensajes de odio en redes sociales. El problema que abordo en el libro es si se puede ingresar en prisión a alguien por odiar. Un código penal que tuviera por objeto que el ciudadano sea feliz y no odie se apartaría de los límites del derecho penal. Cuestión distinta es que el odio vertido en redes sociales actúe como mecanismo provocador de otros delitos o que el mensaje conlleve un atentado contra la dignidad de personas concretas. Aquí la intervención del derecho penal tiene que ser más que decidida.

-Cita en el libro ese comentario tan común de que por muchas detenciones que tengan, hay delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra… ¿Sabe que esa impresión es generalizada entre muchísimos policías y guardias civiles que detienen a esos individuos? ¿Entiende su frustración?

-La entiendo perfectamente. El trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es encomiable y siempre que tengo oportunidad así lo subrayo. Pero creo que nunca debería verse como una quiebra del Estado de Derecho una decisión judicial que no haga realidad el diagnóstico que los agentes reflejan en el atestado. Cada uno tiene sus espacios de decisión. No es lo mismo detener a una persona que ordenar su ingreso en prisión preventiva. En cualquier caso, en el libro me explayo más sobre este tema y me refiero a la percepción ciudadana que interpreta la prisión provisional como una condena anticipada. Y no puede ser así.

-Sostiene desde el título que la justicia está amenazada, pero hace poco hemos conocido el caso de un inocente que pasó 14 años en la cárcel. El Supremo enmendó el error y lo absolvió en 2023, pero la Audiencia Nacional le niega ahora la indemnización porque no ve «error judicial evidente»… ¿cree que este hombre piensa que la justicia está amenazada o más bien que la justicia es una amenaza?

-El caso al que usted se refiere es más que lamentable. No tiene justificación. No puede entenderse, bajo ningún concepto, que una persona haya pasado 14 años en prisión por un delito que no cometió. Ha sido la Sala Penal del Tribunal Supremo la que ha enmendado el error. El desenlace del juicio seguido en la Audiencia Nacional, en el que se insta una indemnización por el tiempo injustamente vivido en prisión, escapa a mi ámbito de conocimiento y valoración. Además, creo que esa resolución ha sido recurrida ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

-¿Cómo impedir que se condene a un inocente?

-Hay que ser rigurosos en la valoración probatoria y motivar adecuadamente las razones que justifican una condena. Y, por supuesto, asegurar la doble instancia mediante recursos que permitan la revisión de cualquier pronunciamiento condenatorio. Lo que puedo asegurarle es que la condena de inocentes no forma parte de la realidad estadística que refleja nuestro trabajo y que está al alcance de todos.

-¿Es consciente de que un mínimo error de ustedes puede arruinar vidas y que de sus aciertos depende que se haga justicia?

-Por supuesto que soy consciente de ello y esta idea condiciona cada día, cada minuto de mi trabajo.

-Una justicia que tarda tanto en resolver, ¿es injusta?

-¡Claro que sí! La respuesta judicial tardía no satisface la tutela que reclama cualquier ciudadano. Pero creo que en muchas ocasiones la falta de modernización de los juzgados y tribunales, la cicatería en inversiones que digitalicen nuestro trabajo y el reducido número de jueces pueden estar en la causa. Por cierto, tenga en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llegado a tardar cinco años para reconocer que un Estado vulneró el derecho a un proceso en un plazo razonable.

-Por fin en 2024 se pudo renovar el CGPJ, pero ¿le parece que el órgano de gobierno de los jueces es al final una prolongación judicial de los avatares políticos? Los magistrados conservadores, los progresistas, los que están en el medio… ¿Al final la justicia también juega a la política?

-Dedico una buena parte del libro a la crisis del Consejo General del Poder Judicial. Le anticipo que Francia, Italia y Portugal están instalados en una crisis de credibilidad muy similar a la que usted refleja en su pregunta y que afecta a sus respectivos órganos de gobierno de los jueces. Dicho esto, siempre me he mostrado contrario a las etiquetas adjudicadas a los jueces que, en la mayoría de los casos, no se detienen en analizar el contenido de sus resoluciones. Creo que el actual Consejo General del Poder Judicial representa una oportunidad para revitalizar un órgano constitucional tan relevante. La forma de elección de su presidenta y la buena voluntad que, hasta ahora, parece animar a los vocales, son síntomas esperanzadores.

-Llevamos unos años en los que los españoles hemos conocido términos como 'lawfare' o instrumentalización de la justicia… Los jueces se ven siempre a sí mismos como profesionales independientes, pero ¿no cree que hay interrogatorios a políticos que rezuman cierta animadversión?

-De entrada, para afirmar la independencia no basta con que el juez así lo sienta. No es suficiente una percepción puramente personal. Hecha esta matización, las acusaciones de 'lawfare' deberían ocupar un lugar destacado en la historia universal de la infamia. Son gravísimas. Ninguna sociedad puede sobrevivir si no cree en sus jueces.

-También menciona al Tribunal Constitucional en su libro; usted que fue compañero en la Sala Segunda de su presidente, ¿cómo definiría su relación con Cándido Conde-Pumpido?

-Trabajé un tiempo como fiscal jefe de su secretaría técnica cuando él era fiscal general del Estado. Escribimos un libro juntos sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fui compañero suyo cuando fue cesado como fiscal general del Estado y recaló en la Sala Penal. Yo no puedo sino desearle lo mejor.

-¿Ha sentido alguna vez algún tipo de presión directa o indirecta por alguno de los asuntos que ha llevado en sus años como magistrado?

-La única presión que he sufrido es la que se deriva del peso de mi responsabilidad.

-Por cierto, ¿a cuánto estamos de que la IA ponga sentencias? ¿Lo verán los jueces recién incorporados a la carrera?

-La IA ya podría poner sentencias. No son dificultades técnicas las que lo impiden. Lo que sucede es que la IA sólo debería aspirar a ser un instrumento para facilitar el trabajo de los jueces. Sustituir a estos en el dictado de las sentencias, sobre todo penales, sería un ejercicio de insensatez. La verdad judicial proclamada por el algoritmo es sólo estadística, matemática. La intuición humana, el sentido común no puede encerrarse en un programa informático. Además, el control frente a las inmunidades del poder no puede dejarse en manos de unos algoritmos que están precisamente programados por los responsables públicos que tendrían que ser fiscalizados.

-Usted presidió el tribunal que juzgó el procés y desde el principio quiso que fuera un juicio transparente, que se retransmitió en directo. ¿Esa transparencia es que la que desea siempre para la justicia?

-Por supuesto. Aquel juicio, por su trascendencia, exigía que todo fuera visto por todos. Dicho esto, le aseguro que fue agotador.

-Qué hace cuando no trabaja o no da clases; qué le gusta hacer en su tiempo libre, ¿qué música escucha o qué libro está leyendo?

-Mi mujer y mis hijos dan sentido a esos momentos. ¡Y no le digo nada de mis dos nietas! Tengo la suerte de tener grandes amigos con los que disfrutar los momentos de ocio. Hago deporte, nado… Me ha gustado siempre la música. Toco la guitarra. Me encanta la música clásica, soy abonado a la ópera, pero también me encanta el buen rock. Acabo de terminar un libro que recomiendo vivamente. Está escrito por Fermín Bocos, 'Cuando viajar era descubrir'. Y me falta muy poco para acabar una obra imprescindible sobre IA, desde la perspectiva del transhumanismo: «La singularidad está más cerca». Lo escribe Kurzweill.

-El Padre Ángel en una reciente entrevista en este periódico dijo que usted ha ido a repartir cafés a su Iglesia de 24 horas de San Antón… Entiendo que allí se quita las gafas de juez, ¿qué ve cuando entra? ¿qué siente?

-Así fue. La labor asistencial del Padre Ángel me parece encomiable. A las 8.00 de la mañana ofrece un desayuno en el interior de la iglesia para todas las personas desasistidas. Es un encuentro con otra realidad de la que muchas veces nos olvidamos.