El Senado despide a dos informáticos por infiltrarse en ordenadores y lo denuncia a la Fiscalía

El órgano rector del Senado atribuye a los dos despedidos -a los que en un comunicado identifica con las siglas J. A. R, para el hombre y N. M. G. para la mujer- fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas, amparándose en el artículo 34.3 del convenio colectivo del personal laboral de la Cámara. En el mismo texto, aclara que la propuesta de acudir a la Fiscalía parte de la letrada mayor, es decir, de la máxima responsable de los servicios jurídicos de la institución presidida por el popular Pedro Rollán.

La pareja realizó, según se explica, «s indebidos" a los 'portafirmas' de diversos de la Mesa, de senadores y cargos de distintas formaciones políticas y también de del personal laboral del Senado. Además del uso "por razones ajenas a sus cometidos profesionales" de esa herramienta, que se utiliza para firmar documentos de forma electrónica, se les achaca la descarga ilícita de documentos, también de carácter personal.

Algunas fuentes apuntan a que su objetivo podría haber estado relacionado con el intento de obtener información privilegiada sobre las condiciones de una oposición para obtener una plaza de funcionario público en la que, al parecer, estaban interesados. Oficialmente, sin embargo, los servicios de la Cámara no lo confirman.

A raíz de este asunto, el PSOE ha solicitado, en todo caso, una "investigación exhaustiva" para conocer el alcance de la "infiltración masiva" y de la "vulneración de los derechos digitales de los senadores". El grupo parlamentario socialista habla de "posible espionaje" y pone especial énfasis en que, algunos de los senadores afectados forman parte de varias de las comisiones de investigación que están en funcionamiento en el Senado, como la del 'caso Koldo', la de la Dana del 29 de octubre en Valencia o la abierta sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Los socialistas tildan lo ocurrido de "hecho muy grave" que podría suponer una injerencia en "las garantías democráticas" del trabajo de representación de la ciudadanía de los senadores e insisten en que es preciso llegar al final del asunto y recibir información sobre cuántos senadores han sido "espiados" y qué contenido del que manejan ha sido objeto de la intrusión.