La Red de Personas Torturadas pide anular condenas basadas en malos tratos como el caso Sorzabal

Han considerado que también «es hora de asumir responsabilidades públicas», porque la aplicación de la tortura en Euskal  Herria «ha sido sistemática». «Se ha ejecutado y justificado bajo el amparo de toda una estructura plenamente operativa, y las responsabilidades van más allá de las Fuerzas de Seguridad del Estado«, ha remarcado. A su juicio, «la asunción pública de esta responsabilidad es necesaria para  avanzar en el reconocimiento y reparación de las personas torturadas».

En ese sentido han pedido al Gobierno Vasco que abra la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de la Comunidad Autónoma Vasca ampliando su ámbito temporal «para que las personas torturadas puedan tramitar sus solicitudes de reconocimiento oficial, para que Sorzabal y cientos de personas torturadas más podamos denunciar nuestros casos».

Han expuesto que tanto «la autoinculpación» como el resto de «elementos contaminados por la tortura no pueden tener valor probatorio». «Creemos que es un hecho de suma importancia, que debe marcar un punto de inflexión en el reconocimiento y la reparación de la tortura», han afirmado.

La red ha remarcado que el caso Sorzabal ha puesto encima de la mesa «una realidad sangrante que ha estado oculta durante décadas las  consecuencias penales de la tortura». «¿Cuántas condenas y años de cárcel ha supuesto que no haya sido reconocida hasta ahora? ¿Cuántas personas hemos sido condenadas a lo largo de estas décadas y cuántas están todavía en prisión como consecuencia de autoinculpaciones forzadas bajo tortura? ¿Cuántas de nosotras habríamos sido absueltas si, como hace ahora esta sentencia, se hubiera reconocido que fuimos torturadas?», han cuestionado.

Este colectivo ha recordado además que Iratxe Sorzabal «sigue en prisión y, como ella, muchas otras personas que han sido torturadas». «Iratxe estaría en la calle si en el primer juicio en el que fue condenada se hubieran seguido los criterios que ha establecido esta última resolución, estaría en la calle si en aquel juicio se hubiera reconocido que fue torturada«, han denunciado. También han manifestado que la sociedad vasca «no puede asumir que siga habiendo gente en prisión a causa de autoinculpaciones forzadas mediante la tortura y han hecho un llamamiento «a las instituciones, a los partidos y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos a que abran una reflexión al respecto e intervengan en la búsqueda de vías de solución».