Donostia no concederá más licencias para pisos turísticos en edificios residenciales

Goia confirmó un panorama que ya se barruntaba pero que faltaba ser verbalizado públicamente. «El escenario al que vamos con total seguridad una vez que se produzca la modificación definitiva del Plan General es el de que no se vayan a conceder más licencias en residencial para este tipo de actividad», señaló.

El alcalde donostiarra dibujó el futuro que se avecina para estos negocios en la ciudad tras ser preguntado sobre las consecuencias que puede tener en la capital guipuzcoana la sentencia del Tribunal Supremo conocida el lunes que resuelve que no es necesaria la unanimidad de la comunidad de vecinos para prohibir un piso turístico en el edificio, sino que basta con que el veto lo secunden tres quintas partes de los propietarios.

En principio, los efectos de la sentencia no son retroactivos, por lo que las viviendas turísticas legales van a poder seguir manteniendo su actividad, al menos mientras sigan gestionadas por sus titulares actuales. Pero el hecho de que para poder abrir un nuevo establecimiento de este tipo en una vivienda sea necesario el apoyo de al menos dos quintas partes de los vecinos –según la nueva interpretación del artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal–, se antoja ya barrera suficiente para ampliar el parque de viviendas turísticas, habida cuenta de los recelos que este tipo de negocios levantan en una mayoría de la población cuando se plantean para el inmueble en el que residen.

Así que la mayor restricción anunciada por Goia para el caso concreto de San Sebastián se suma a la que deriva del fallo del Supremo, que cambia el escenario para los pisos turísticos a nivel estatal al dejar en manos de una mayoría cualificada de las comunidades –y no de la unanimidad– la decisión de tolerar o prohibir por completo estos alojamientos en su vecindario.

En los contados casos en los que una comunidad deje abierta la posibilidad de compatir espacio con este tipo de negocios, será la normativa local la que en segunda instancia deberá establecer si lo permite o no. Y es aquí donde Goia anunció que, a diferencia de como ha sucedido hasta ahora, en San Sebastián se prohibirá en los edificios construidos para uso residencial.

Respecto al impacto de la sentencia en los alojamientos actualmente operativos en Donostia, el alcalde señaló que, a falta de confirmar que el fallo no tiene carácter retroactivo, su efecto en San Sebastián «es prácticamente nulo», pues debido a la moratoria vigente, «no hay en la ciudad a día de hoy ninguna licencia nueva de vivienda de uso turístico. Nadie puede solicitar una porque no se conceden desde hace año y medio», recordó.

Donostia es la ciudad vasca con más pisos turísticos legalizados, con algo más de 1.300, según el registro de empresas y establecimientos turísticos (Reate) que gestiona el Gobierno Vasco. La capital aglutina dos de cada tres (el 66%) de los establecimientos de este tipo contabilizados en Gipuzkoa, y que son poco más de 2.000. Donostia reúne, a su vez, casi el 30%de las viviendas vacacionales registradas en el conjunto de Euskadi, que ascienden a más de 4.600.

El parque de viviendas de alquiler para estancias cortas se ha mantenido estable en San Sebastián en el entorno de las 1.200-1.300 desde 2018, cuando se aprobó la normativa vigente que regularizaba esta actividad tras años de vacío legal y crecimiento desbocado. Las entonces nuevas condiciones de superficie, ubicación en planta del edificio, etc. hicieron que la cifra de establecimientos se redujera un 37% de golpe en 2019 por la aplicación de los nuevos requisitos para poder ejercer. Los crecimientos moderados en los años siguientes: 3,4% en 2021 y 2,5%en 2022 (los datos de 2020 son irrelevantes por la pandemia y en 2023 entró en vigor la moratoria), han hecho que el descenso respecto a los que había antes de la normativa actual sea del 25%.

Antes de la regularización, el aumento de la oferta de esta naturaleza prácticamente se duplicaba cada año. Ese desarrollo descontrolado puso en el foco a este sector, al que pronto se culpó de la crisis del alquiler –descenso de la oferta disponible a largo plazo y subida de precios– al ver muchos propietarios más rentable y seguro alquilar sus pisos a empresas especializadas en este tipo de alojamientos que sacarlos al mercado regular en las condiciones legales actuales.

La drástica reducción que se produjo en el número de alojamientos legales en 2019 y la estabilización habida desde entonces sin que ello haya mejorado el problema del alquiler en Donostia no ha cambiado la opinión general de que estos negocios son parte del problema alojativo no solo en San Sebastián, sino en el conjunto del Estado.

Junto a la reducción del parque de pisos turísticos legales, el Ayuntamiento donostiarra ha clausurado en los últimos cuatro años 43 establecimientos que operaban de forma ilegal. Según datos a los que ha tenido este periódico, han sido 9 en el Centro; 6 en El Antiguo; otros 6 en Aiete; 5 en Egia; 3 en Gros, Ulia-Ategorrieta, Igeldo y Parte Vieja; 2 en Zorroaga y Amara;y uno en Intxaurrondo. Como consecuencia de estas actuaciones se han tramitado 24 sanciones, que en la mayoría de los casos han ascendido a 5.000 euros.

A ellos se llegó por denuncias de los vecinos o por las investigaciones que realizan las instituciones, vigilando por ejemplo las webs de reserva.