Educación recuerda al colegio de Bilbao condenado con 40.000 euros que el protocolo antibullying se abrió a instancias de la familia

La consejería que lidera Begoña Pedrosa subraya en una nota «el compromiso del sistema educativo con el bienestar de todo el alumnado». «Aunque los casos de acoso escolar en edades tan tempranas son muy excepcionales (en este caso sucedió cuando la víctima tenía apenas cinco años), éstos deben abordarse con la máxima cautela y diligencia debido a la vulnerabilidad» de los implicados por su corta edad. Educación asegura que «trabaja para reforzar la implementación las herramientas de detección» y aboga por «una rápida intervención de los centros escolares con la activación del protocolo» contra el acoso

El Gobierno responde, de esta manera, a los responsables del colegio concertado Nuestra Señora de Begoña, que en declaraciones a la Prensa han afirmado este jueves que «se han seguido los protocolos oportunos que marca la ley desde el principio, con comunicación directa con Inspección de Educación». La principal fuerza de la oposición en el Parlamento vasco, EH Bildu, ya ha anunciado que pedirá «explicaciones» a Educación. «Es evidente que el protocolo contra el acoso escolar ha fallado en este caso; ¿por qué no se detectó nada grave?», se ha cuestionado su portavoz, Ikoitz Arrese.

El departamento confirma lo que quedó acreditado en el juicio. Que el centro hizo «oídos sordos» ante la preocupación de la familia de la víctima, que en reiteradas ocasiones pidió que se adoptaran medidas para salvaguardar la integridad de su hija. Según su testimonio, el colegio no les informó en ningún momento de la existencia de un protocolo antibullying. No fue hasta meses después, en marzo -las agresiones comenzaron en septiembre y la voz de alarma se dio en noviembre- que la familia supo de la existencia del protocolo, tras varias llamadas a Educación.

Los hechos se remontan al inicio del curso 2021/22. La víctima cursaba tercero de Infantil cuando una compañera, un año mayor, comenzó a acosarla de forma constante. La golpeaba, la arrastraba del pelo, le pintaba la ropa, la tiraba por las escaleras, le pegaba patadas, le quitaba la comida... La agresora, un año mayor, «en ocasiones irrumpió en el baño para quitarle los pantalones cuando se encontraba haciendo sus necesidades y en otras le introdujo rotuladores en la vagina», se puede leer en la sentencia.

El magistrado considera acreditado que no se trató de una situación «aislada ni puntual». El centro argumentó en la vista que fue un problema «de convivencia» y no de acoso; y que la víctima «no supo entender la situación» y que «no se quejaba ni pedía ayuda». También adujeron que se celebraron «reuniones continuas» con los padres –a quienes reprochan no haber acudido a alguna cita–, que se abrió «un protocolo de observación», que tuvieron lugar «tutorías individuales» con la acosadora y «colectivas con toda la clase» y que se adoptaron «medidas en el aula». Pero no se separó a las dos niñas, como exigía la familia.

La sentencia considera que todas estas actuaciones no tuvieron «ninguna eficacia práctica ni contenido concreto». «No hay rastro alguno de que se arbitrase –o siquiera se llegara a considerar la posibilidad– en ningún momento medida alguna que atajase las agresiones y protegiese a la menor», zanja el magistrado. Por todo ello, concluye, «el centro se convirtió en mero espectador». «Las pruebas muestran de forma clara y sin asomo de duda el fracaso del centro a la hora de resolver lo sucedido y garantizar la protección de la menor».