ELA reclama a Yolanda Díaz la necesidad de fijar un SMI vasco

En el encuentro han participado el secretario general del sindicato, Mitxel Lakuntza, junto con los responsables de negociación colectiva y sindicalización, Pello Igeregi y Ane Zelaia, respectivamente. Los representantes de ELA han denunciado ante la ministra el carácter «excesivamente centralista» del actual modelo de relaciones laborales del Estado, que –afirman– responde a los intereses de las patronales, promoviendo la homogeneización de las condiciones laborales a través de la llamada «paz social».

Según ELA, ni el salario mínimo estatal ni la legislación vigente sobre jornada laboral o pensiones sirven para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de Euskadi y Navarra. «El salario mínimo fijado en el Estado solo afecta al 3% de la población trabajadora de la CAV, por lo que no es un instrumento eficaz contra la pobreza ni para la cohesión social», han señalado. En este sentido, han defendido la necesidad de establecer un salario mínimo legal propio, al igual que sucede en muchos otros territorios del mundo.

El sindicato también ha recordado la fuerza sindical y movilizadora de la clase trabajadora vasca, que en los últimos años ha protagonizado un número significativamente mayor de huelgas y protestas que otros territorios del Estado. Esta realidad, aseguran, debe traducirse en la capacidad de decidir sobre sus propias condiciones laborales y de protección social.

ELA ha advertido a Díaz que está dispuesto a emplear toda su capacidad de movilización si el Gobierno no da pasos firmes hacia un marco vasco propio de relaciones laborales. En concreto, se movilizarán para exigir la capacidad de fijar un salario mínimo propio, avanzar en la reducción de la jornada y garantizar pensiones dignas. En respuesta, la vicepresidenta ha mostrado su disposición a impulsar reformas legislativas en estos ámbitos, incluyendo una posible modificación del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

El sindicato ha concluido que, ante cualquier propuesta que no reconozca la soberanía social vasca y mantenga una lógica centralista, ejercerá presión política sobre los representantes vascos en el Congreso para que defiendan una agenda propia en materia laboral y social.