Las elecciones, en cuarentena

El primer episodio de esta serie político-jurídica tendrá lugar mañana por la mañana, cuando el lehendakari, Iñigo Urkullu, reúna a los líderes de los principales partidos vascos para tratar el más que probable aplazamiento de las elecciones a causa del coronavirus. La intención de Urkullu es que de ese encuentro nazca un «consenso político» sobre la conveniencia o no de posponer las elecciones, aunque las posiciones defendidas por los partidos en los últimos días no invita a pensar que ese acuerdo vaya a ser sencillo. A grandes rasgos, PNV y PSE -los dos partidos que forman el Gobierno- se han mostrado reticentes a aplazar 'sine die' la fecha electoral por la falta de garantías jurídicas que provocaría ese 'ime', con un Ejecutivo en funciones, el Parlamento disuelto y ninguna norma a la que agarrarse para saber quién y cuándo debería fijar una nueva fecha electoral. En el otro lado de la balanza, los partidos de la oposición han incrementado en los últimos días sus mensajes públicos para forzar al lehendakari a un aplazamiento electoral que, más allá de suponer una reducción evidente de los riesgos de contagio del coronavirus, también podría llevarles a mejorar sus expectativas electorales. En este toma y daca político no hay que olvidar que las últimas encuestas hasta que estalló la crisis del coronavirus aventuraban una mayoría absoluta holgada para PNV y PSE. Un factor que puede resultar decisivo en las estrategias de cada partido.

La formación que ha cogido la bandera del aplazamiento con más fuerza ha sido EH Bildu, lo que el pasado viernes hizo saltar chispas entre Andoni Ortuzar y Arnaldo Otegi. El presidente del EBB llegó a llamar «caradura» al coordinador general de la coalición soberanista al entender que está tratando de «aprovecharse» de la crisis del coronavirus para minar la posición de Urkullu. También Elkarrekin Podemos y el PP se han mostrado partidarios de un aplazamiento electoral en los últimos días, aunque han evitado entrar en el cuerpo a cuerpo con el lehendakari por la gestión de la crisis sanitaria.

El lehendakari ha optado por «escuchar» el lunes a los líderes políticos vascos antes de fijar una posición oficial sobre el posible aplazamiento, por lo que fuentes de Lehendakaritza avanzan que probablemente no acudirá a esa reunión con una propuesta concreta bajo el brazo. La declaración del estado de alarma ha abierto una rendija adicional a la posibilidad de la suspensión del 5-A por tratarse de una medida absolutamente excepcional, pero en Ajuria Enea siguen sin tenerlas todas consigo: «El estado de alarma sigue sin recoger la previsión de una suspensión electoral», advierten.

Fuentes del Gobierno Vasco también apuntan que el consenso entre los partidos políticos vascos sobre el futuro de las elecciones sería un primer paso fundamental, «pero por sí solo no superaría las dudas jurídicas» que siguen rodeando a un posible aplazamiento. El lehendakari ha encargado a los servicios jurídicos de Lakua un informe exhaustivo sobre la «laguna legal» que existe en la actual legislación, que no determina quién sería la institución competente para decretar una suspensión de las elecciones. En condiciones normales, el lehendakari disuelve el Parlamento y fija la fecha electoral -como hizo Urkullu en febrero- pero, una vez que los comicios ya están convocados, se entra en un limbo legal: en ninguna ley se prevé su desconvocatoria.

«Hay que ser muy cuidadosos, porque el de voto es un derecho fundamental y cualquier suspensión, por muy justificada que esté, debe hacerse con todas las garantías jurídicas», recalcan precavidos desde Lakua. Y, en este sentido, subrayan que apelar al «consenso entre los partidos» no sería un «argumento jurídico» de peso para sortear las dificultades legales que se presentan.

Suponiendo que se alcance ese primer acuerdo político entre los partidos vascos, aún deberían producirse algunos pasos para que el aplazamiento electoral sea efectivo. El primero de ellos sería determinar quién es el responsable de tomar la decisión del aplazamiento. El lehendakari dejó entrever el viernes que eso requeriría también de un consenso con las juntas electorales (la central y la de Euskadi), así como con otras instituciones que pudieran verse implicadas de alguna manera. Por ejemplo, el Gobierno central. Ahí no acabarían las dificultades, porque también habría que determinar si las elecciones se aplazan con una fecha alternativa de convocatoria o se suspenden 'sine die', lo que generaría otro problema: ¿Quién decidiría la futura fecha electoral -legalmente, el lehendakari ya no estaría facultado para ello- o en qué momento se consideraría que ya no existe riesgo para la salud?

Hay otro factor que, al final del proceso, se presentará como determinante para un aplazamiento electoral: llegaría un momento en el que el Departamento de Salud tendría que emitir una directriz en la que recomendara con claridad la suspensión de la campaña y de la jornada electoral por el riesgo de contagio. En este punto sería relevante sobre todo la jornada electoral, ya que la campaña en cualquier caso se vería reducida a su mínima expresión para atender a las estrictas restricciones aprobadas por las istraciones. Es decir, si el 5-A siguiera adelante, sería sin campaña presencial y con las votaciones en los colegios electorales rodeadas de amplias medidas de seguridad sanitaria. Un escenario de ciencia ficción.