Un funcionario y un abogado aceptan cuatro años de cárcel por alterar el reparto judicial

La Fiscalía de Gipuzkoa pedía 10 años de cárcel para cada uno de los imputados al considerar que el empleado público adjudicó los casos del letrado a los juzgados que este le indicaba, alterando así el proceso aleatorio de asignación, a cambio de dinero, cantidad que no ha podido ser determinada porque se entregaba en metálico pero que se cifra en más de 12.000 euros.

Los acusados han reconocido los hechos y, según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales, el funcionario ha aceptado una condena de cuatro años de prisión, dos por el delito continuado de falsedad y daños informáticos y otros dos por el delito continuado de cohecho.

El abogado, por su parte, ha aceptado una pena de tres años y nueve meses: un año y nueve meses por el delito continuado de falsedad y daños informáticos y dos años por el de continuado de cohecho. Además de las penas de prisión, también deberán afrontar un periodo de inhabilitación, cuatro para el funcionario y de un tiempo sin determinar para el abogado.

Sin embargo, las dos partes solicitaron la suspensión de la pena de prisión en virtud del artículo 80.3 del Código Penal, que dice que «siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen». La Fiscalía de Gipuzkoa no se ha opuesto a esa petición y queda pendiente que la Magistrada Presidenta determine la cuantía de una multa económica.

Esta actividad fraudulenta se llevó a cabo, según recogía la Fiscalía en el escrito de acusación al que ha tenido este periódico, entre 2014 y 2018, años en los que uno de los acusados, funcionario de carrera de la istración de Justicia, trabajaba en el servicio de reparto del Decanato de San Sebastián, en el Palacio de Justicia de Atotxa. Allí se presentaban los casos dirigidos a los diferentes juzgados y se distribuían entre ellos. El otro encausado era abogado, principalmente laboralista, e intervenía en numerosos procedimientos de incapacidad, impugnación de altas médicas y otro tipo de reclamaciones a la Seguridad Social.

En ese tiempo las demandas que llegaban a Decanato se distribuían entre los cinco Juzgados de lo Social de San Sebastián, de forma aleatoria, mediante un programa judicial informático, el cual manejaban los funcionarios encargados del reparto, puesto que ocupaba uno de los acusados. Por esa razón el abogado se citó con él «para alterar el reparto mediante la manipulación del sistema informático, de manera que las demandas que quería» (y las de su esposa, también abogada) se desviaran al juzgado de su elección. Al letrado le interesaba que fuesen algunos juzgados concretos los que asumiesen sus casos «por razones que no interesan en este procedimiento», señala el fiscal.

Actuaron «de forma concertada». Ambos quedaban en el exterior del Palacio de Justicia y el letrado le entregaba las demandas al funcionario, «asegurándose que las registrara y pudiera alterar el juzgado de destino». Si el sistema aleatorio no adjudicaba las causas al juzgado indicado, el empleado público anulaba el reparto y volvía a realizarlo «tantas veces como hiciera falta hasta conseguir derivarlas al juzgado» que el abogado le señalaba. En alguna ocasión se realizaron hasta 14 anulaciones y nuevos repartos para lograrlo. Ambos fueron detenidos por estos hechos, junto a la mujer del abogado que finalmente no fue acusada, en 2018.