El decisivo apoyo de EH Bildu a la Ley de Memoria ensancha la brecha entre el Gobierno y el PP

ERC, que se abstuvo en la aprobación del dictamen, aún se muestra reticente, tal y como puso de manifiesto ayer. «Se trata de un texto que se queda lejos de ser verdaderamente reparador», afirmó la diputada Carolina Telechea tras calificar el proyecto de «ambicioso» en cuanto a la forma, pero de «muy pobre» respecto al contenido. No obstante, el Gobierno sí será capaz de salvar la votación de la semana que viene gracias a los acuerdos de enmiendas alcanzados con socios de la investidura como PNV, PDeCAT o Más País. Aunque el que generó más polémica fue el que acordaron el Ejecutivo y EH Bildu la semana pasada. La formación independentista vasca consiguió que los socialistas aceptaran extender la aplicación temporal de la norma de 1978 hasta finales de 1983.

Mientras, en el PP tildaban ayer la ley de «bomba de humo» con la que, aseguraba el diputado Jaime Mateu, «se intenta tapar la nefasta gestión de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo». Otra de las enmiendas transaccionales que PSOE y Unidas Podemos acordaron con Más País y el PDeCAT destaca la declaración ilegal del régimen franquista.

El PNV, que votó a favor del proyecto de ley, consideró un avance la introducción de varias mejoras en el trámite parlamentario al texto en la búsqueda de «la memoria, la justicia y la reparación» por lo acaecido durante el alzamiento, la Guerra Civil, el franquismo y la Transición. El diputado jeltzale Mikel Legarda señaló que «el PNV ha logrado que se restituya a personas naturales o físicas de carácter privado, esto es, a partidos políticos y organizaciones sindicales, de documentos, enseñas, emblemas y banderas incautados en la Guerra Civil».

Sin embargo, Legarda lamentó que no se haya podido introducir en el texto normativo una mejora que proponía el Grupo Vasco para que se procediera a la devolución de documentación incautada al Gobierno de Euskadi, a las diputaciones forales y a sus entidades dependientes de tiempo de la II República y el exilio. Pese a ello, los jeltzales indicaron que «continuarán trabajando para lograr esta reclamación histórica».

El proyecto abre una vía para que el PNV recupere la propiedad, o reciba una indemnización económica, por el palacete de París que albergó durante la Guerra Civil al Gobierno Vasco en el exilio presidido por el lehendakari José Antonio Agirre, que en este momento es una de las dos sedes del Instituto Cervantes en la capital sa.

EH Bildu también puso de relieve los «avances» que ha conseguido. Citó, en ese sentido, el traspaso del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia, la conversión del fuerte de San Cristóbal en Pamplona como lugar de memoria, la anulación de las condenas y de los tribunales franquistas, la puesta en marcha de una comisión independiente que contribuya al esclarecimiento de la violación de los derechos humanos durante la dictadura y extender la aplicación de la ley hasta el el 31 de diciembre de 1983. Un supuesto pactado por PSOE y Unidas Podemos, que apuesta por investigar esas violaciones de derechos a personas comprometidas en «los valores democráticos».

El Palacio de La Cumbre, que fue el Ministerio de Asuntos Exteriores durante los veranos en los que el dictador Francisco Franco residía en el Palacio de Aiete fue el lugar en el que Josean Lasa y Joxi Zabala fueron interrogados y torturados por los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo antes de ser trasladados y asesinados en un paraje de Alicante por orden del entonces jefe del acuartelamiento de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo.