La Fiscalía carga contra el juez del caso Begoña Gómez y le acusa de actuar «sin respaldo jurídico»

El fiscal, en el escrito en el que recurre la imputación este caso de Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, lanza contra el juez acusaciones rayanas con la prevaricación como la de que solo busca la «sonoridad» con sus resoluciones en esta mediática instrucción.

La Fiscalía ha decidido impugnar la citación como investigado de Martín directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid, puenteando así al instructor, quien el pasado martes imputó al delegado por delito de malversación de caudales públicos. Lo hizo tras itir parcialmente una querella presentada por Vox que apunta que Francisco Martín permitió en su anterior cometido en Presidencia que Cristina Álvarez, la alto cargo que trabajó bajo su dirección, actuara como asistente personal de Gómez en su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid.

San Baldomero recuerda que en esa querella de Vox sólo se explicaba que Martín ostentaba en 2021 el cargo de secretario general de la Presidencia y que por tanto era responsable y superior jerárquico de Álvarez, y lamenta que con tan «escaso desarrollo» se le impute «nada menos que por un presunto delito de malversación de caudales públicos, catalogado como delito grave y con notable penalidad».

«Parece acudirse a una imputación cuasi automática u objetiva por razón del cargo», lamenta el fiscal, para luego recordar que en realidad el nombramiento de Álvarez como asesora tiene lugar en julio de 2018, tres años antes de que Martín Aguirre llegara a ese puesto, que por entonces estaba ocupado por Félix Bolaños, hoy ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y que ya ha declarado en este procedimiento como testigo.

«No puede pretenderse una participación en un nombramiento que alcanzaba los 3 años de antigüedad cuando Martín Aguirre es nombrado para el puesto en cuestión. Falla el relato de la querella y falla la sucinta fundamentación al basarse en presupuesto erróneos», subraya el representante del Ministerio Público.