La paciencia de Puigdemont con Sánchez por la amnistía se agota, con el verano como límite

El Supremo, tribunal sentenciador de la intentona separatista, no ha hecho lo que se pronosticaba entonces -elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), lo que ha descartado-, pero sí rechazó taxativamente en julio amnistiar a Puigdemont y levantar la inhabilitación que aún pesa sobre Junqueras por el mismo delito: el de malversación vinculado al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Lo hizo basándose en la literalidad de la propia ley amnistiadora y mantuvo la orden de detención para Puigdemont si pisa España. Ese mismo julio, la Sala de lo Penal aún presidida por Manuel Marchena, quien comandó el juicio que desembocó en la condena de Junqueras y el resto de dirigentes secesionistas encarcelados, movió ficha no hacia Europa y sí hacia el TC con una cuestión de inconstitucionalidad.

El expresident, prófugo de la justicia, continúa así en Waterloo y, según fuentes conocedoras de lo que está trasladando a su entorno, más impaciente a cada día que pasa por una huida -exilio, para los independentistas- a la que no ve fin casi ocho años después. «Está al límite de su aguante. No puede más, quiere volver», describen esas fuentes. El propio Puigdemont itió días atrás en una convocatoria con su grupo parlamentario que su regreso a Cataluña puede demorarse todavía «mucho», prueba de su desconfianza a que incluso una resolución favorable del Constitucional no acabe cristalizando por efecto de la justicia europea. Un terreno saldado, por ahora, con reveses para los separatistas.

El listón de Puigdemont y su partido en lo que se refiere a la amnistía está situado este verano, el marco en el que el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, prevé, como ha avanzado, que el pleno adopte una resolución sobre la ley. No será, no obstante, en respuesta al Supremo, sino al recurso de inconstitucionalidad presentado contra la norma por el PP. Sobre la mesa del TC hay una catarata impugnaciones: además de la de los populares como partido, las de 14 comunidades que gobiernan y una más, esta la formalizada por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha. Y en lo que se refiere a las cuestiones de inconstitucionalidad -el nombre que reciben cuando la apelación parte de órganos jurisdiccionales-, la corte suma a la del Supremo otras tres del Tribunal Superior de Cataluña.

Puigdemont tiene razones para temer que el galimatías jurídico no se zanje con la sentencia del TC. Y no solo por todo lo mencionado y porque la justicia europea tenga, a su vez, cuatro cuestiones prejudiciales -o, dicho de otro modo, consultas sobre la adecuación de la amnistía al Derecho comunitario- sobre las que pronunciarse: de nuevo, la del TSJ catalán y, además, las del Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y un juzgado penal de Vilanova i La Geltrú. Ahora, y en puertas de que Conde-Pumpido active el debate en el TC, tres magistrados del ala conservadora -Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa- han registrado una petición para que la corte o bien pregunte también a Europa o bien pare la sentencia sobre el recurso del PP a la espera de lo que el TJUE resuelva sobre las cuestiones prejudiciales pendientes.

Es una incógnita qué hará el muy impredecible Puigdemont si su retorno a Cataluña como hombre libre sigue encallada. Asoma «un problema» para Sánchez, porque lo que sí es seguro, tanto a tenor de las fuentes consultadas como de lo que han venido telegrafiando el expresident y su partido, es que éstos culparán al jefe del Gobierno del atasco. Aunque el Gobierno insista en que él ha hecho su parte. Puigdemont no se ha cobrado aún la pieza de una reunión con Sánchez, una suerte de amnistía política mientras cristaliza la judicial. Y, mientras tanto, el último ultimátum de Junts vence a finales de este mes. Además de concreciones en la ley del perdón, los secesionistas las exigen en la oficialidad del catalán en la UE y, ahora, también una negociación bilateral sobre la financiación singular para Cataluña.