Sánchez busca fortalecer su interlocución con el Vaticano al situar a Celaá como embajadora

Pedro Sánchez busca reforzar la interlocución con el Vaticano y ha elevado el rango de la persona que se encargará de engrasar las siempre difíciles y delicadas relaciones entre un Gobierno socialista y la Santa Sede. Una exministra que también ha sido portavoz del Ejecutivo, lo que confiere mucho peso político a la representación diplomática en Roma, con más visibilidad que la acreditada ante El Quirinal. De hecho, se ha adelantado la jubilación de la actual embajadora, Carmen de la Peña, que desde su llegada a la capital del Tíber en octubre de 2018 ha mantenido una actividad gris, de mantenimiento.

En la decisión también ha participado Felix Bolaños, superministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Su negociado incluye la interlocución con la Iglesia, tanto la de España como la del Vaticano, y no en vano, una de las primeras entrevistas que mantuvo tras su designación fue con el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y muy bien valorado por el papa Francisco. Sánchez considera que la Santa Sede puede ser una buena aliada en asuntos internacionales en cuanto coinciden en la doctrina del multilateralismo, y su objetivo es apuntalar una relación política amigable y cooperativa.

Ha confiado esta misión a Isabel Celaá no sólo porque 'le debe una' tras haberla sacado del Gobierno en su estrategia de rejuvenecer el Gabinete por razones de necesidad electoral para atraer el voto joven, sino, también, porque es de su absoluta confianza. Por eso no le importan las críticas que pueda generar su decisión en algunos sectores, como en la potente escuela concertada, por la nueva Ley de Educación.

Incluso esos aplausos que ha generado en sectores laicistas piensa que pueden ser una baza a la hora de ofrecer una imagen de independencia ante el poder eclesiástico. Celaá ha demostrado, en efecto, que es diplomática y sabe de buenas maneras, pero también que es muy firme en sus ideas y convicciones.

Uno de los asuntos que tendrá que lidiar es la resignificación del Valle de los Caídos. Los obispos no se opusieron (Roma tampoco) a la salida de los restos de Franco de Cuelgamuros y dejaron actuar al Gobierno. Pero desalojar a la comunidad de benedictinos es otra cosa. El Ejecutivo está en ello, pero el episcopado se resiste a esa decisión, lo mismo que al futuro de la gran cruz que corona las instalaciones. Sin embargo, el asunto de las inmatriculaciones está más maduro en espera de quienes inicien actuaciones judiciales si se sienten propietarios de algunos inmuebles. Ahí ha funcionado el diálogo.

Isabel Celaá llegaría a Roma cuando vuelven a sonar los tambores para denunciar los acuerdos Iglesia-Estado, herederos del Concordato de 1953 y actualizados por última vez en 1979. El compromiso figura en el programa que se aprobó en el reciente congreso federal del PSOE, al igual que la futura Ley de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones. Sin embargo, no parece que se disponga de tiempo suficiente en esta legislatura para su desarrollo, dada la poca velocidad a la que va la Ley de Memoria. Celaá sí tendrá ocasión para tantear el terreno y sondear en los despachos qué clima respira la Secretaría de Estado, pilotada por el cardenal Pietro Parolín, actual 'primer ministro' de la curia vaticana.

La posibilidad de que el Papa viaje a España el próximo año también es una cuestión de primer orden. Francisco no ha descartado su presencia en Galicia con motivo del Año Santo Compostelano. Más difícil es que visite Loiola o Manresa en pleno Año Jubilar por los 500 años de la conversión de san Ignacio de Loyola, fundador de la orden de los jesuitas, o Ávila, en el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. La foto de Pedro Sánchez como anfitrión del papa Francisco le daría una valiosa proyección internacional. La preparación le correspondería a Isabel Celaá.