DYA Bizkaia entra en concurso de acreedores incapaz de afrontar su deuda millonaria

Una controvertida operación que derivó en un fiasco -desde 2009 se han gastado más de 3 millones de euros y se devolvieron las instalaciones- y que forma parte del abanico de irregularidades que la actual junta directiva de la organización atribuye a su anterior presidente, Fernando Izaguirre, exlíder del PNV de Galdakao que dimitió el pasado marzo de su cargo de director de Emergencias del Gobierno Vasco por el escándalo. Izagirre y varios de sus socios están investigados en los juzgados de Bilbao por el supuesto desvío de millonarias sumas de dinero de la DYA a empresas catalanas que sólo ellos controlaban.

El objetivo de los actuales gestores de la organización es que las herramientas legales que ofrece la figura del concurso de acreedores permitan ordenar la situación económica de la entidad y garantizar su supervivencia para continuar con su labor solidaria. Pero lo cierto es que la DYA pasará ahora a estar intervenida por un juzgado de lo mercantil de Bilbao. El próximo hito será el nombramiento de un concursal encargado de supervisar cualquier decisión. Y todo ello con la amenaza de que este proceso termine en la disolución de la entidad fundada en 1966 por el doctor Usparitza.

Las últimas auditorías de cuentas revelaron que la entidad cerró el año 2021 con un patrimonio neto negativo de 1,3 millones de euros. Esta situación contable es uno de los principios que estipula la Ley de Sociedades de Capital para instar a la disolución de una mercantil o bien a plantear un concurso de acreedores. El propio auditor que firmó el informe reconoció que «existen algunas circunstancias que dificultan la capacidad de la asociación para seguir como empresa en funcionamiento». Pero, a continuación, apuntó que hay otros factores que mitigan la preocupante situación económica, como los ingresos procedentes de los donantes (la DYA sigue teniendo unos 40.000 benefactores). También puso en valor el hecho de que la entidad maneje un plan de viabilidad, que ha sido presentada ante las autoridades. Y, sobre todo, destacó que «las pérdidas acumuladas se deben a situaciones atípicas y extraordinarias y, por tanto, no se prevé que se vuelvan a reproducir en el futuro».

De hecho, según la auditoría, la DYA ha seguido pagando a proveedores, a la Seguridad Social y a los trabajadores. Pero no ha cumplido con los plazos comprometidos con Eulen, la empresa que le vendió Can Padró. Aquí está parte del gran agujero, el fiasco que asfixia los balances desde hace 13 años.

En esta situación, la organización asistencial llevaba ya varios meses trabajando con el objetivo de restaurar su equilibrio patrimonial. Con independencia del dinero supuestamente desfalcado por Izaguirre y sus socios, la DYA estaba en condiciones de continuar su actividad si conseguía deshacerse del lastre de la deuda de Can Padró. Pero no ha sido posible por dos motivos. Por un lado, las negociaciones con Eulen para saldar su deuda no han fructificado. La entidad ha llegado a ofrecer a la empresa madrileña varios inmuebles que no tienen uso en la actualidad, pero Eulen, según las fuentes consultadas, no ha accedido a este acuerdo.

El otro escollo ha sido judicial. La Audiencia de Bizkaia no ha itido la ampliación de la querella presentada contra Fernando Izaguirre. Esta ampliación se centraba precisamente en la operación que llevó a la entidad vizcaína a comprar del centro de Can Padró a Eulen. Según las mismas fuentes, esta parte se dejó fuera de la denuncia inicial, centrada en el desfalco de fondos y que sigue su trámite, porque los actuales gestores confiaban en llegar a un acuerdo con la empresa madrileña. Cuando vieron que el entendimiento se antojaba imposible, presentaron la ampliación. La investigación judicial de este acuerdo hubiese permitido congelar los pagos pendientes a la multinacional hasta que se sustanciase el fondo del asunto. Pero después de estos dos portazos, la DYA no podía seguir eludiendo sus obligaciones económicas con Eulen sin recurrir a la figura del concurso de acreedores.