La amarga victoria de los 'riders' en Bilbao, precedente del juicio de Donostia

El proceso de Bilbao se vivió con gran expectación. Aunque no era el primero de estas características que se celebraba en una comunidad autónoma, lo era para Euskadi y afectaba a un número muy elevado de 'riders'. Nada menos que 300 repartidores, casi el doble que en Donostia, se unieron en esta causa contra Glovo, movilizados principalmente por LAB y ELA, con la Seguridad Social como demandante, tras haber probado la Inspección de Trabajo que se les había contratado como 'falsos autónomos'; esto quiere decir que ellos mismos debían cotizar en vez de hacerlo la empresa. En la reclamación se exigía a la plataforma catalana el pago de 343.800 euros por las cuotas no abonadas correspondientes al periodo comprendido entre septiembre de 2017 y 2019 y la contratación de los trabajadores como asalariados. En San Sebastián, son 410.587 euros por el periodos de 2018 a 2020.

La sentencia, dictada en mayo de 2021, supuso una contundente victoria. El Juzgado de lo Social número 11 de Bilbao determinó que existe una clara relación laboral por cuenta ajena entre Glovo y sus repartidores frente a la tesis de la compañía de que los 'riders' funcionaban de manera autónoma. No fue una gran sorpresa porque para entonces ya el Tribunal Supremo se había pronunciado en ese mismo sentido. El Superior vasco ratificó el fallo en 2022 y Glovo tuvo que pagar a la Seguridad Social los 344.000 euros exigidos.

Pero los afectados no tienen sensación de victoria. «A mí me empezaron a cotizar como asalariado pero solo unas horas a la semana y la Seguridad Social no me devolvió todo lo que yo había cotizado como autónomo», dice Carlos, que empezó a trabajar en Glovo al poco tiempo de que la plataforma desembarcara en Bilbao en 2017. Según explica, él siguió trabajando en las mismas condiciones que antes o más bien peor «porque la compañía empeoró la aplicación». Se refiere a que, tras la entrada en vigor de la 'ley rider' en 2021, Glovo modificó el sistema para justificar que los repartidores eran autónomos y, en vez de repartir el servicio por horas, estableció una especie de puja por los pedidos, de forma que el más barato se lo llevaba. Ese método, sumado a la entrada masiva de inmigrantes sin papeles que alquilaban las cuentas, hizo bajar la remuneración. Eso sí, quien trabaja a destajo aún puede juntar 1.500 euros o más.

La mayoría de los veteranos que participaron en el juicio han dejado la plataforma o la tienen solo como trabajo complementario. «Yo estoy en Uber y solo trabajo algunas horas para Glovo», apunta el venezolano Luis Miguel, que también formó parte del proceso. Los propios sindicatos son conscientes de que aquella victoria judicial tiene muchas sombras. «La Seguridad Social cobró lo suyo pero los 'riders' tenían que solicitar las devoluciones de sus cuotas de autónomos de forma individual. Y la compañía solo les dio de alta como asalariados por unas horas a la semana», reconocen desde LAB. Y Glovo se acogió al convenio de mensajería y no al de hostelería como ellos reclamaban.