«A mí una opa hostil me puede gustar más o menos, pero si ya se ha conseguido una garantía como es la que otorga ... el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE) y de la CNMC, la consulta pública era innecesaria por completo». Son las palabras de un alto directivo bancario que reflejan el malestar generalizado que ha desatado dentro del sector financiero la decisión del Gobierno de consultar a la ciudadanía sobre los posibles riesgos para el «interés general» de una posible unión entre BBVA y Banco Sabadell. Un formulario inédito que no contempla la ley de competencia que, por contra, sí permite al Gobierno intervenir en operaciones corporativas por este tipo de razones de «inetrés general».
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La sorpresa que la decisión del Ejecutivo ha causado en el mercado es palpable, también por el riesgo de que la «injerencia política» en operaciones empresariales tenga cierto impacto entre los inversores internacionales, que ya vieron con cierto recelo otro tipo de decisiones sobre la banca, como la llegada del impuesto que primero fue temporal para luego convertirse en permanente con ciertos cambios legislativos que aún generan dudas en torno al pago del gravamen.
La sensación en el sector es que la consulta pública de Moncloa ha supuesto un antes y un después en el desarrollo normal de la operación. No porque implique un obstáculo a la misma o al revés;sino precisamente porque el movimiento ha generado una incertidumbre que, según explican las fuentes consultadas, «era completamente innecesario». No se considera que la encuesta sea un revés definitivo para la decisión final que, llegado el periodo de aceptación, vayan a tomar los accionistas de la vallesana. Pero sí que se ha generado un ruido extra en el que queda patente el peso del factor político en este último tramo de la operación.
Tensión empresarial
No es casual tampoco que Pedro Sánchez anunciase la iniciativa durante la última Reunión Anual del Cercle d'Economia, donde el clamor en contra de la operación es más que palpable. Este viernes distintas patronales de la región e instituciones como la Fira de Barcelona -que cuenta con participación pública- remitieron una carta conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le piden que paralice la operación de compra del Sabadell por parte del BBVA. Algo que no puede hacer con la opa -a la que sí puede imponer determinadas condiciones, pero no prohibirla-, aunque sí posteriormente vetando la fusión. Entre los firmantes, Foment del Treball, Pimec, Cecot, Femcat, RACC, el Colegio de Economistas o Barcelona Global.
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Esa respuesta de la empresa catalana contrasta precisamente con la prudencia que esta semana mostró el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno. Aunque confirmó que participarán en la misma –será el consejo el que decida las alegaciones–, el banquero evitó pronunciarse sobre el mecanismo elegido por el Ejecutivo para medir el sentir popular a la opa. «No soy yo quien debe determinarlo», se limitó a asegurar durante la presentación de resultados de la entidad.
«Creemos que la incertidumbre se centra en la decisión del Gobierno, aunque desde nuestro punto de vista es difícilmente justificable que se tumbe la fusión cuando la CNMC ha dado su visto bueno, además de los organismos bancarios responsables», apuntan los analistas de XTB. «De hecho, creemos que el Ejecutivo finalmente dará el visto bueno a la operación, ya que de lo contrario supondría contradecir a organismos tanto nacionales (CNMC o Banco de España) como europeos (BCE)». Eso sí, el mercado tiene claro que los plazos se apurarán al máximo, añadiendo mayor incertidumbre al momento en el que se abrirá el periodo de aceptación.
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