Bruselas no ve motivos para que el Gobierno bloquee la opa de BBVA y vigila que su decisión se ajuste a la ley

Bruselas considera que las autoridades competentes que puedan expresar su opinión sobre este acuerdo ya lo han hecho. El Banco Central Europeo (BCE), que opina sobre la solvencia, aprobó la opa hace meses. Hace pocas semanas también fue aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es la autoridad encargada de examinar la operación con arreglo al criterio de competencia.

De esta forma, la Comisión Europa «no está al tanto de ninguna razón que pueda justificar rechazar o bloquear la transacción», detallan las fuentes comunitarias consultadas por Europa Press. Por lo tanto, Bruselas espera que el Gobierno se alinee con el BCE y la CNMC y apruebe la opa.

«La Comisión está vigilando la compatibilidad de las acciones del Gobierno español con la legislación de la Unión Europea y no dudará en usar sus poderes como guardián de los Tratados», detallan las fuentes consultadas. Bruselas espera que haya «consistencia» entre el apoyo oficial de los Estados a la Unión Bancaria y sus políticas nacionales sobre consolidación bancaria.

Con todo, la Comisión se mantiene cauta y formalmente no se ha pronunciado aún y, preguntado por Europa Press sobre la decisión del Ministerio de Economía de elevar la opa al Consejo de Ministros, el portavoz de Servicios Financieros de la Comisión Europea, Olof Gill, ha declinado comentar sobre casos individuales.

En todo caso, el portavoz sí que ha indicado, a nivel general, que la consolidación del sector bancario a través de fusiones nacionales y transfronterizas «podría ayudar a mejorar la rentabilidad y eficiencia» de los bancos.

La Comisión Europea considera que, para que la Unión de Ahorro e Inversiones sea un «éxito» para ciudadanos y empresas, el sistema financiero europea necesita «bancos fuertes», al ser intermediarios clave.

«Es importante que la consolidación del sector bancario pueda tener lugar sin obstáculos inapropiados o indebidos. Esto refleja las libertades fundamentales de los Tratados», ha indicado el portavoz de Servicios Financieros de la Comisión.

De esta forma, la Comisión Europea considera que las operaciones de consolidación se pueden examinar bajo el ángulo prudencial (el BCE) y bajo el ángulo de la competencia (bien por la Comisión o por las autoridades nacionales).

«Si se da luz verde en ambos casos, entonces (...) no hay base para parar una operación de acuerdo con una decisión discrecional por un Gobierno de un Estado miembro», ha indicado el portavoz a preguntas de Europa Press.

La Comisión pidió información a España sobre la situación de la opa hace meses bajo el mecanismo 'EU Pilot', que aplica cuando considera necesario tener un diálogo con un Estado miembro sobre cuestiones de cumplimiento de normativa comunitaria. Bruselas recibió respuesta de España el 11 de octubre de 2024 y desde entonces se está examinando.

Este martes, Cuerpo ha decidido elevar la operación con arreglo al potencial impacto en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social, tal y como ha explicado el ministro a los medios de comunicación en el Senado.

Ahora, tras la elevación, el Ejecutivo puede aprobar la operación en los términos aprobados por la propia CNMC o modificar las condiciones para que se pueda llevar a cabo.

Si se agotan los plazos, la decisión final del Gobierno no se conocerá hasta el 27 de junio. El periodo de aceptación, el momento en el que los accionistas podrán pronunciarse a favor o en contra de la opa, no llegaría hasta unas semanas después de ese 27 de junio, según afirmó recientemente el presidente de BBVA, Carlos Torres. Para ello, antes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrá que aprobar el folleto de la operación.