Euskadi refuerza sus juzgados «para evitar un colapso» por la crisis del Covid-19

Un fortalecimiento que, dirigido básicamente a los juzgados de lo Social y lo Mercantil, busca anticiparse a lo que muchos profesionales del mundo del derecho económico consultados por este periódico dibujan ya como un aluvión de casos que, afirman todos, será más o menos intenso en función de si la recuperación económica y del consumo se consolidan y de la duración de esa red de protección para empresas y trabajadores que son los ERTE.

El plan de refuerzo de los juzgados -después de tres meses con las puertas cerradas por el confinamiento- supondrá un balón de oxígeno en lo Social, con cuatro nuevos jueces en Bilbao (donde hoy trabajan once) y dos añadidos en San Sebastián, donde desempeñan esta labor ya cinco. Aunque no está aún definido, la magistrada afirma que lo más probable es que esos nuevos jueces sean «de aquí».

«No somos expertos económicos, pero el aumento de trabajo en este ámbito se prevé muy, muy significativo», advierte Biurrun, quien lamenta que en este sentido llueve sobre mojado, pues, apunta, «en Bilbao, por ejemplo, ya se trabajaba por encima de lo que marcan los módulos del Ministerio». «De hecho, se ha pedido un juzgado entero nuevo en Bilbao, como ya se hizo el año pasado, y en realidad se necesitarían dos, pero...», lamenta.

«Lo que queremos es garantizar que se pueda absorber lo que ya hay y también todo lo que llegue», destaca Biurrun, que asegura que el panorama convierte el ámbito judicial más ligado a la economía real en «una especie de olla a presión». «Como una botella de cava en la que los ERTE son el tapón», dice.

También la jurisdicción Mercantil (la más cercana al día a día de las empresas en cuanto a su actividad 'normal') se verá ahora reforzada tanto en San Sebastián como en Bilbao; en este caso, no habrá nuevos profesionales, pero si un redoble del trabajo de los propios juzgados (los dos que hay en la capital vizcaína y el que existe en Donostia).

Este plan de refuerzo ha sido elaborado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que lo ha diseñado después de pedir un plan de contingencia a los jueces de cada jurisdicción afectada. «La Sala de Gobierno -del TSJPV- ha hecho un gran trabajo y hemos podido abordar este programa de refuerzo con bastante tiempo, pues lo iniciamos en mayo. Lo revisaremos cada seis meses, y si hay una avalancha plantearemos más refuerzos», sentencia Garbiñe Biurrun, que calcula que se tardará «al menos un año para poner orden».

El juez decano de San Sebastián, Ricardo Bandrés, aplaude el plan de refuerzo, aunque explica que a esta hora no se aprecia un incremento notable en el número de procedimientos iniciados últimamente en los juzgados donostiarras aunque sí un aumento de su complejidad.

«Eso hoy, pero a lo mejor en un mes no puedo ni coger el teléfono», asegura el magistrado, ya que la incertidumbre sobre el desarrollo de la crisis y su impacto en empresas y trabajadores aún es incierto, dentro de un panorama más bien sombrío.

«Pensamos todos que cuando se acaban los sistemas de protección de los ERTE...», comenta el decano. ¿Y hoy? ¿Qué tratan los juzgados de lo social domostiarras? Según Bandrés, «sobre todo, despidos, en los que hay bastantes acuerdos, y cuestiones técnicas sobre ERTE que tienen su repercusión en el empleo».

Su homólogo en Bilbao, Aner Garmendia, tiene más claro que el horizonte está plagado de negros nubarrones. «La situación es muy grave, los juzgados de lo Social están mal, con mucha impugnación de despidos entrando ya; con eso y con todo lo que se suspendió en el parón preveo un colapso; y en mercantil, a pesar de que hay mucha tramitación escrita, también, aunque lo peor está por llegar», asegura.

Entre las empresas y los trabajadores que puedan verse afectados por las peores consecuencias de la crisis se encuentran los abogados. En una ronda con algunos de los más importantes despachos del País Vasco, sus profesionales también trasladan la idea de que lo que hoy se vive es una suerte de tensa calma que pudiera anteceder a la tormenta.

Eso sí, todos los consultados dejan claro que la altura de las olas y el eventual destrozo en nuestra costa empresarial depende de muchas cosas. Sobre todo, de las idas y venidas del virus y, consecuentemente, de las medidas de mayor o menor paralización de la economía que se decreten.

Y, por otro lado, de la duración y el grado de cobertura de los ERTE y el resto de programas de ayuda o de facilitación de liquidez que se activen. Además, añaden los abogados, la afección será muy distinta según qué sectores, con la hostelería y el turismo como eventuales grandes perdedores.

¿Qué está sucediendo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué aprecian los abogados que están al cabo de la calle? José María Ruiz Ilundain, socio director del despacho Garrigues en San Sebastián pone la lupa en el momento en que acaben los ERTE: «Si no se recupera la actividad o no se amplia la cobertura habrá empresas que tengan que despedir, eso es así».

Al tiempo, y como otro factor generador de actividad de tinte económico en los juzgados, el experto da por hecho que el año que viene habrá un repunte de los concursos de acreedores, un mecanismo que hoy está un tanto paralizado, pues el Gobierno lo ha flexibilizado para evitar una cascada de insolvencias que, sin embargo, se prevé irremediable a partir del próximo enero.

Ruiz Ilundain matiza que los concursos «irán por sectores», y que «lo que sí será general serán las refinanciaciones». De hecho, añade, su despacho lleva ya tiempo recibiendo consultas en este sentido, como también en asuntos como los incumplimientos de contrato al verse las empresas 'atrapadas' por la falta de suministros o la imposibilidad de desplazar a sus profesionales.

Otro de los segmentos en los que prevé un alza de actividad significativo, además de inmediato, es el referido a las operaciones corporativas: «Lo que estaba casi cerrado antes de decretarse el estado de alarma se firmó enseguida, casi en unas horas, y el resto se congeló, con lo que de septiembre a diciembre creo que veremos bastantes», asegura.

Joanes Labayen, socio director de la oficina de San Sebastián de Cuatrecasas, explica que en este primer embate del Covid su firma ha tenido un ingente trabajo en cuestiones laborales, como los ERTE, y que «lamentablemente, por lo que supone» esa tónica «va a continuar».

Del mismo modo, explica Labayen, muchas empresas clientes del despacho se han cargado hasta los topes de liquidez (créditos ICO o Elkargi) «porque no sabes realmente cómo va a ir la economía». «Los tipos son baratos y la banca hoy está dando crédito, lo que no sé si será así en el futuro, con lo que lo mejor es que cojas ese dinero», afirma.

Las industrias de Gipuzkoa, que, comenta, suponen una cierta salvaguarda para la economìa en comparación con otras regiones más basadas en los servicios o el turismo, «están ya mirando renefinanciaciones y documentando posibles incumplimientos contractuales» causados por el cierre de la economía durante el confinamiento. Esto último, anticipa, «también generará cierta conflictividad judicial».

Al referirse a los concursos de acreedores, Labayen responde sin paños calientes que «nos quedan años duros por delante» puesto que, explica, ahora las empresas «están en cierto modo dopadas», pero que cuando acaben los ERTE y la realidad sea otra muy distinta el tejido productivo va a sufrir.

Como 'guinda' de ese panorama, Labayen advierte de que «llegarán los tiburones a comprar». Y es que, reconoce, hay actores en el mundo (principalmente los fondos de inversión) que manejan cantidades ingentes de dinero con el que «comprar algunas de nuestras joyas que pueden llegar a resultar muy baratas».

En ese sentido, el directivo aboga porque instituciones públicas pero también, y sobre todo, privadas vascas conformen una red de supervivencia: «A lo mejor la Obra Social bien entendida pasa ahora por comprar o apoyar a nuestras empresas en la crisis y con ello sostener el empleo».

«Creo que debemos apelar a las fundaciones bancarias (Kutxa, BBK y Vital) y a Laboral Kutxa y al cooperativismo vasco en este sentido», asegura, mientras aplaude las medidas de protección de compañías estratégicas abordadas por el Gobierno central y el uso para el mismo cometido de los dos fondos que el Ejecutivo de Vitoria puso en marcha. «Tenemos que proteger lo nuestro, de la misma manera que vería con buenos ojos la emisión de deuda finalista con la que sostener y ayudar al tejido productivo viable local», concluye.

Imanol Ansoalde, socio del despacho Cialt, también prevé «un incremento de la litigiosidad» que resulta, dice, «lógico, si se toma en cuenta el enorme e inesperado cambio de condiciones acaecido con la pandemia». «Esto obliga a readaptar las condiciones laborales y contractuales en un movimiento que lo lógico es que sea consensuado, pero que en muchas ocasiones no será así con lo que los conflictos acabarán judicializándose», relata. «La crisis post-Covid va a hacer sufrir a muchas empresas, y creo que en 2021 lo vamos a ver; ya nos están llegando consultas», añade. Ansoalde tiene claro que los grandes problemas surgirán cuando acaben los ERTE y esos ajustes sean ya ser de otro tenor. «Los clientes también nos preguntan mucho por cuestiones como la conciliación laboral, ya que, es evidente, la situación en la que vivimos hace todo más complicado y requiere una mayor flexibilidad que en ocasiones se podrá dar, pero que en otras chocará con la eficiencia productiva de la empresa», resalta.

Pablo Berriotxoa, director del área Laboral de ATE Asesores, aprecia también ese previsible aumento de la carga de trabajo de los juzgados, pero recuerda que los plazos en Euskadi, sobre todo en San Sebastián, son infinitamente más cortos que en otras plazas como Madrid o Barcelona. «Otra cosa es cuando se acaben los ICO y los ERTE; ahí la empresa lo va a pasar peor y seguro que crece la conflictividad», apunta. El abogado cree que las empresas guipuzcoanas no tienen plantillas sobredimensionadas y que han hecho un esfuerzo por formar a sus trabajadores, con lo no tienen ningún interés en prescindir de ellos, «aunque va a haber ajustes de salarios, más ERTE y también despidos, que es lo que puede colapsar los juzgados».

En el segmento mercantil, opina que muchos de los mecanismos públicos de ayuda han sido «como hace el zaguero en el rugby, una patada a seguir». «Hay muchas empresas en la UCI y veremos qué pasa en noviembre y más adelante con los concursos; los jueces ya han recibido criterios de Madrid. Es complicado y espero equivocarme, pero es que la liquidación es un fracaso absoluto de todos», dice.