«Nos tiró las escaleras de casa para instalarnos un ascensor y desapareció sin terminar la obra y con todo el dinero»

«Nos tiró las escaleras de casa para instalarnos un ascensor y desapareció sin terminar la obra y con todo el dinero», ha asegurado la presidenta de una comunidad de propietarios de Andoain estafada presuntamente por el solidario de una empresa de construcción con sede en Burgos. La Fiscalía pide para él 2 años de prisión y el pago de una cantidad de 37.861,78 euros en concepto de responsabilidad civil así como de las costas. A su empresa, declarada disuelta pero en fase de liquidación, le solicita el pago de una multa que asciende a los 75.723,56 euros. «Yo cuando empecé la obra pensé que podía hacerla», ha declarado en el juicio celebrado este martes en la Audiencia de Gipuzkoa.

El 21 de julio de 2020, la comunidad de propietarios formalizó con dicha constructora burgalesa un contrato de obra para la reforma del portal que incluía la instalación de un ascensor. El acusado les presentó el presupuesto, cifrado en 144.836,04 euros (IVA incluido), con la siguiente forma de pago: el 70% del proyecto de obra con el visto bueno del Ayuntamiento y el resto en 24 mensualidades, con plazo de ejecución de nueve meses desde la fecha de formalización del acta de replanteo o en su caso desde el inicio de los trabajos.

En diciembre de ese mismo año, la mercantil remitió una factura proforma a la comunidad exigiendo el pago de ese 70% del coste del proyecto de obra por un importe de 7.567,56 euros que fue satisfecha por la misma. Tras la preceptiva licencia de obra de fecha 11 de enero de 2021, el procesado ofreció a los vecinos financiar la obra a través de un préstamo con una entidad bancaria con la particularidad de que la empresa asumiría los gastos de formalización del préstamo así como sus intereses.

Un mes más tarde, el 11 de febrero de 2021, la comunidad aprobó en una asamblea y por mayoría dicho acuerdo de financiación. De esta forma, la empresa, por medio de su solidario, formalizó un anexo al contrato firmado el 21 de julio de 2020 concretando la forma de pago de la obra acordada y en el que se establecía que los gastos de la notaría, intereses y cualquier otro gasto derivado de la firma de la póliza del préstamo con la entidad bancaria serían soportados por la mercantil.

Al tiempo de la firma de dicho anexo, el investigado exigió a la comunidad de propietarios el pago inicial del 30% del presupuesto (41.180,54 euros) para supuestamente hacer frente al pago de los materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos, ya que de lo contrario se vería obligado a demorar el inicio de los mismos. Esta exigencia fue aceptada por los vecinos, que realizaron sus pagos a través de la financiación con la entidad bancaria en 24 mensualidades.

Sin embargo, este pago no dio inicio a las obras pactadas hasta pasadas unas semanas -y no cinco días como se recogía en el contrato según los testigos-, cuando varios operarios se personaron en el edificio para llevar a cabo el derribo de las escaleras. Sin embargo, ha añadido la presidenta de la comunidad, «solo estuvieron unos días y después se fueron dejándonos unos peldaños de madera», dejando el inmueble en situación de «derribo e inseguridad».

Después de varios meses de espera, el 8 de septiembre de 2021, el acusado remitió a la comunidad de propietarios un documento de rescisión de la obra acordada, «sin explicación alguna», comprometiéndose a reembolsar el importe por esta satisfecho hasta la fecha (48.748,10 euros), debiendo descontar la cuantía de la obra de derribo realizada, estimada en 12.827,66 euros según criterios del encausado. Por su parte, un informe pericial elaborado en la comunidad cifró el valor de la obra realizada por el acusado en representación de la mercantil denunciada en un total de 10.886,32 euros.

Así, los vecinos reclaman el importe de 37.861,78 euros resultante de la diferencia entre lo abonado y el valor de la obra realizada por el acusado más los intereses legales. «La empresa había empezado a ir mal en junio-julio y ofrecí a los vecinos ir devolviéndoles el dinero poco a poco, pero ellos no quisieron», ha relatado el acusado. «A partir de ahí ya no hice nada más», ha concluido tras reconocer que no es la única obra que han dejado sin acabar.

El juicio continuará este miércoles con la segunda y última sesión.

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