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La imputación por una jueza de Madrid de Carlos Mur y Javier Peromingo, a los que se atribuye un papel determinante en los protocolos que ... descartaron hospitalizar a las personas mayores de las residencias al desatarse la pandemia, formaliza la primera acusación contra ex altos cargos de la Comunidad tras las 7.291 muertes registradas. La instructora encargada de la causa determinará si la actuación de ambos investigados derivó o no en tan dramático desenlace. Pero, cuando menos, la estremecedora envergadura de la tragedia, el padecimiento extremo de los vulnerables ante un virus despiadado, el desgarro de las familias que asistieron impotentes al fallecimiento de sus seres queridos sin el calor de su mano y la angustiosa frustración de los trabajadores en los centros exigían una mayor sensibilidad por parte de la institución madrileña, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. Y, sobre todo, un compromiso de hacerse cargo del dolor de sus conciudadanos afectados. La oposición debería evitar, a la par, cualquier sombra de oportunismo. El Covid se cobró la vida de 35.000 mayores en residencias de todo el país en el periodo de contagio más crudo. Una herida que precisa una auditoría colectiva.
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