Un menor, rescatado en El Hierro en 2024. EFE

32 camas por cada 100.000 habitantes para acoger menores inmigrantes

El Ministerio de Juventud e Infancia plantea el número de plazas que debe crear cada comunidad para recibir niños y adolescentes desde Canarias

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 28 de mayo 2025, 18:24

Cada comunidad autónoma deberá habilitar 32 camas por cada 100.000 personas para acoger a menores inmigrantes no acompañados, según informó a las autonomías el ... Ministerio de Juventud e Infancia tras otra tensa Conferencia Sectorial celebrada este miércoles en Madrid. De esta forma, todas las autonomías, salvo Canarias y Baleares, deberán ampliar su número de plazas para poder acoger a los más de 15.000 menores que se encuentran en España.

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El departamento de Sira Rego prevé realizar en junio otra Conferencia Sectorial en la que se debata el reparto definitivo de los menores. En el encuentro de este miércoles, las autonomías mostraron su discrepancia con los planes del Gobierno mientras que Canarias achacó a «un buen número de comunidades» su «falta de sensibilidad».

«Este miércoles ha habido muertos en El Hierro por el vuelco de un cayuco y hay algunas y algunos que parecen no haber entendido. Lo que nos gustaría es haber percibido más sensibilidad por parte de un buen número de comunidades», ha señalado el viceconsejero canario de Bienestar Social, Francisco Candil.

La Conferencia Sectorial de este miércoles es el tercer encuentro en el que el Ministerio y las comunidades debaten el reparto de menores no acompañados en busca de un acuerdo. Si no se produce este pacto, que ahora parece muy lejano, la ministra Sira Rego ha asegurado que se aplicará el real decreto que aprobó el Congreso en abril y que establece unos criterios para el reparto de menores, como la renta per cápita de la comunidad, el esfuerzo previo, el dimensionamiento estructural del sistema de plazas o los niveles de desempleo de la región.

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La última palabra, sin embargo, la pueden tener los tribunales, ya que el real decreto está recurrido ante el Tribunal Constitucional por las comunidades de Madrid, Aragón, Cantabria y Extremadura.

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