Las causas contra su entorno llevan a Sánchez a cambiar sus estándares éticos en el PSOE

Sánchez comenzó su actual mandato al frente del Ejecutivo justificando la amnistía y la homologación de EH Bildu como mal menor imprescindible para frenar la llegada de ultraderecha al poder. Pero en este tiempo, también ha dado un giro al discurso que durante más de una década abrazó en materia de higiene democrática. Cuando llegó al frente del PSOE por primera vez, hace 11 años, impulsó la aprobación de un código ético que obligaba a darse de baja como militante y dimitir de sus cargos a quien tuviera que sentarse en el banquillo por corrupción; una exigencia matizada de tapadillo en el último congreso del partido. El cambio permitirá ahora al lider del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, continuar en su puesto, pese a la decisión de la juez Beatriz Biedma de abrirle juicio oral por supuestamente haber enchufado en la Diputación de Badajoz a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo y también procesado.

No solo eso. Lo que el presidente proclamaba del aforamiento de los representantes públicos hasta las pasadas generales –su programa electoral recogía la promesa de impulsar una reforma constitucional que ya propuso en 2018 para limitarlos– ha saltado por los aires. El Gobierno avala ahora incluso la decisión de Gallardo de hacer renunciar al escaño a cinco personas que le antecedieron en las listas a la Asamblea de Extremadura para acogerse a un fuero que no le amparaba como presidente de la Diputación de Badajoz y evitar los tribunales ordinarios.

En el debate de candidatos de las primarias de 2014, esas que un Sánchez aún desconocido ganó a Eduardo Madina gracias a la confabulación de Susana Díaz, José Luis Rodríguez Zapatero y los líderes del PSOE en Madrid y la Comunidad Valenciana, Tomás Gómez y Ximo Puig, el hoy presidente del Gobierno defendió apasionadamente acabar con eso que consideraba privilegios. Los ecos del 15-M aún reverberaban en el ambiente. «Pedro, esto es serio – le replicó, sin embargo, su contrincante vasco, en aquel entonces diputado–. Si defiendo a los trabajadores y un sindicato ultraderechista me quiere meter una querella, tengo que estar protegido».

En La Moncloa y en Ferraz se aferran ahora, paradójicamente, a un argumento parecido. Pero todavía en 2018, después de la moción de censura contra Mariano Rajoy en la que ya dio por bueno el apoyo del independentismo para acabar con una etapa de corrupción, el jefe del Ejecutivo lo veía de otra manera. Los casos de corrupción afectaban a otros ('Gürtel') o a su propio partido pero no a su equipo (los ERE). «Ofreceríamos un señal relevante, inequívoca, generosa, de ejemplaridad, solidaridad y empatía. Que los ciudadanos vuelvan a creer en la política es el reto común que tenemos», decía a favor de la modificación constitucional.

Ahora, cuando seis comunidades autónomas –Cantabria, La Rioja, Baleares, Aragón, Murcia y Canarias– han aprobado ya reformas de sus estatutos que eliminaron el aforamiento tanto de diputados como de de los Gobiernos regionales, los socialistas alegan que las cosas han cambiado. «No estábamos acostumbrados a ver cómo organizaciones que sirven a intereses de la ultraderecha están en un acoso y derribo a otras entidades políticas y a sus dirigentes», argumentó el viernes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

La causa abierta desde hace algo más de un año contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios; la de su hermano; la que se sigue en el Tribunal Supremo contra el Fiscal General, Álvaro García Ortiz; o el señalamiento (hasta la fecha no hay imputación) del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el 'caso Koldo', son enmarcadas dentro de una campaña orquestada por la derecha, la ultraderecha y sus «terminales» mediáticas y judiciales para «desprestigiar y acabar con un Gobierno legítimo».

Es el mismo argumento empleado para corregir el criterio tradicional de la izquierda sobre la acusación popular, la que ejercida por el sindicato de ultraderecha Manos Limpias, impulsó los procesos contra la mujer y el hermano el presidente. Aunque no prosperará, porque no tiene apoyo parlamentario, en enero el PSOE registró una proposición de ley que pretendía restringir su actuación y abría la puerta al archivo de ambas causas.

«El aforamiento se creó precisamente para que no pueda haber persecución política, para ofrecer una garantía de independencia», esgrimen fuentes gubernamentales, que iten: «Hemos dado la vuelta al círculo, pero porque se está pervirtiendo el sistema democrático».