Sánchez se juega este martes la oficialidad del catalán en la UE y su futuro con Junts

La iniciativa se votará «si no ocurre nada fuera de lo común». En el supuesto de que un Estado miembro quisiera retirarla, bastaría una mayoría simple para hacerlo, por lo que el Gobierno podrá activar el freno de emergencia si fuera necesario. Siempre a riesgo de cómo lo digieran los secesionistas.

La mayor incógnita radica en la situación de las negociaciones, que se han llevado a cabo «a nivel de capitales» –es decir, en el caso español con implicación del presidente Sánchez–, que se han intensificado en las últimas semanas. En ese tiempo algunas de las posturas se han suavizado: Suecia, Países Bajos y Alemania piden «más información», pero ya no se niegan en rotundo a la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la UE. A nivel de embajadores, el asunto solo se ha tratado en la reunión preparatoria del Consejo de Asuntos Generales de este martes.

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Algunas de las dudas que plantean los Estados tienen que ver con el trasfondo político de la medida, una baza que el PP está usando para atraer a países como Italia y frustrar los planes del Gobierno. Además, la propuesta establece que España se hará cargo de los costes derivados de la implantación de la medida y que, según los cálculos de la Comisión, rondaría los 132 millones de euros para las tres lenguas. Esta circunstancia ensombrece la viabilidad de un paso tan relevante políticamente en el caso de que un futuro Gobierno español no quisiera asumir este pago.

Otro de los temores de los países que aún mantienen una postura reticente es que esta propuesta abra una caja de Pandora e impulse la reivindicación de la oficialidad de las cerca de 50 lenguas minoritarias de la UE. Por ello, el Gobierno ha diseñado una propuesta a medida para el euskera, el catalán y el gallego, estableciendo que solo sean oficiales en la UE las lenguas que se contemplaban en las Constituciones de los Estados en el momento en el que entraron en el bloque comunitario, caso que solo se aplicaría las tres reconocidas por la Carta Magna española. También será una condición que los idiomas en cuestión sean utilizados en el Congreso y el Senado de su país de origen.

El Gobierno ya llevó esta iniciativa al Consejo Europeo hace un año, en un debate en el que solo intervino España. En esta ocasión, esperan atraer a más países con una propuesta menos ambiciosa, que contempla que las tres lenguas tengan una oficialidad a partir de 2027, cuando se traducirían al euskera, catalán y el gallego los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo. Estos no suponen el 3% de todos los documentos legislativos comunitarios.

Paralelamente se multiplica la presión que desde España ejercen la oposición para desbaratar la iniciativa. Vox ridiculizó ayer los esfuerzos del PP que, según su relato, ha recurrido a sus eurodiputados para pedirles «ayuda» en los os europeos. Los de Feijóo, por su parte, acusan al Gobierno de «manosear» las lenguas cooficiales para «sobrevivir».