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María eugenia ALONSO y Alberto Surio
Madrid/ San Sebastián.
Jueves, 25 de agosto 2022, 06:41
El Gobierno superará su primera prueba del nuevo curso político que se avecina en un clima de creciente tensión y logrará convalidar hoy en ... el Congreso el real decreto de medidas de ahorro energético gracias al respaldo del PNV y de parte del bloque de investidura. Sobre todo, por la decisión de ERC y EH Bildu de no engrosar el frente del 'no' liderado por el PP, un escenario de alianzas que resulta decisivo para que prospere la iniciativa en la Cámara baja en un pleno convocado excepcionalmente en el mes de agosto.
El Ejecutivo llega a esta situación no sin antes haber sudado la gota gorda para conseguir atar los votos en una negociación a contrarreloj donde Moncloa tuvo que abrirse a tramitar el decreto de ahorro energético como proyecto de ley como ya hizo a finales de abril para salvar el plan anticrisis.
El resultado es que el Ejecutivo central ya tiene asegurados 161 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Compromís y PRC) frente a los 153 en contra de PP, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro y los dos exdiputados de UPN y el de Ciudadanos que están integrados en el Grupo Mixto. EH Bildu no quiso ayer desvelar el sentido de su voto, aunque itió que «ve bien» su presentación como proyecto de ley ya que, en su opinión, permitiría la incorporación de determinadas «mejoras» en el texto.
En todo caso, el vértigo porque el decreto pudiese decaer desapareció después de que la formación liderada por Andoni Ortuzar deshojara la margarita definitivamente y anunciara a la tarde de ayer su voto a favor «por responsabilidad», al considerar que las medidas contempladas solo tienen sentido si se aplican «con inmediatez». El PNV, crítico con «las formas» empleadas por el Gobierno, al que exigen «más diálogo y negociación», confía en que el plan de contingencia energética que el Ejecutivo remitirá a la Comisión Europea en septiembre tendrá en cuenta las propuestas a corto, medio y largo plazo que les remita el Gobierno de Iñigo Urkullu, y a las que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha dado la luz verde.
En una nota, los jeltzales instaron al Ejecutivo de Sánchez a actuar «con lealtad» y a «erradicar los 'Decretos Ómnibus' que mezclan diversos asuntos que nada tienen que ver y que polarizan los debates, dejando a los grupos parlamentarios con un escaso margen de maniobra».
El PNV también señaló en su comunicado que votará en contra de la tramitación de este decreto como proyecto de ley. «El principal argumento para ello es el sentido común, puesto que las medidas energéticas que se contemplan tienen un carácter temporal o momentáneo y de nada serviría realizar modificaciones vía enmienda puesto que no podrían ser aplicadas cuando la ley entrara en vigor». Además, el PNV sostiene que «abrir este texto a las sugerencias de los grupos parlamentarios podría desembocar en un texto confuso».
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Desde EH Bildu, aunque no se quiso desvelar el sentido del voto, se dio por prácticamente seguro que la iniciativa saldría adelante y que la legislatura de Pedro Sánchez, aunque entre en un terreno complejo y difícil, terminará salvo que el contexto económico e internacional provocado por la guerra de Ucrania introduzca alguna variable novedosa. La izquierda independentista vasca está de acuerdo en la necesidad de adoptar medidas de ahorro energético y lanza una dura crítica «al negacionismo de la derecha», que considera un «ejercicio de irresponsabilidad».
Con su 'sí' los nacionalistas vascos señalaban el camino a Esquerra Republicana y EH Bildu, que habían dejado entrever momentos antes que podrían seguir los mismos pasos.
Las dos formaciones están aprovechando su posición determinante para jugar sus bazas y apretar al PSOE hasta «el último momento». «Nunca adelanto el sentido del voto, pero bueno, creo que dada la situación, es complicado otra opción que no sea al menos entrar a negociar para al menos intentar mejorarlo», afirmaba el portavoz republicano, Gabriel Rufián, a su llegada ayer a la reunión de la Diputación Permanente del Congreso.
Aunque Moncloa siempre ha considerado que salvaría la votación en la Cámara baja, la decisión del PP, Vox y Ciudadanos de votar en contra había ajustado los números al límite. Tanto que el Gobierno, y en particular al secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, se vieron obligados a redoblar esfuerzos para conseguir los votos necesarios. E incluso descolgar el teléfono para tantear a los liberales con el compromiso de abrir el decreto a cambios en el futuro. «Esa promesa es una milonga. No somos tontos, no nos van a engañar», aseveró ayer el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal.
Pese a lo ajustado de la votación, Moncloa no llamó a Génova. Fuentes de la dirección del PP confirman que ningún cargo socialista se ha puesto en o con ellos para tantear un eventual respaldo al plan energético o a la reforma del sistema de cotización de autónomos, que se debate también hoy en la Cámara y que sí apoyarán. Los populares afean a Pedro Sánchez que haya preferido negociar antes con EH Bildu que con ellos, y lamentan que lo único que se han encontrado es «el insulto y la descalificación». Reclaman al Ejecutivo, además, que retire el texto y presente las medidas sobre ahorro energético separadas de otras cuestiones que no tienen nada que ver, como las becas a estudiantes o las ayudas al transporte, para tener un debate «sereno y serio» sobre ambas cuestiones.
«Lo que no se puede hacer es pedir al Gobierno que derogue un decreto aprobado, que ha sido eficaz, ha sido respaldado por la propia presidenta de la Comisión Europea y es fuente de inspiración para otros socios», respondía la vicepresidenta Ribera, que se encargaba de avanzar en una entrevista en la Sexta que al Gobierno ya le salían los números para evitar el primer traspié del curso.
La apertura del Congreso para celebrar un pleno en agosto solo se produce por causas extraordinarias o de máxima urgencia. Es el caso del que se celebra en la Cámara baja hoy a cuenta de la aprobación del decreto de ahorro energético. Y, una vez más, la coalición formada por PSOE y Unidas Podemos llega a esta cita con las cuentas justas. En cualquier caso, no se trata de la primera vez que se habilita el tradicional mes vacacional para tratar cuestiones parlamentarias de importancia. El 26 de agosto de 2002, el Congreso se reunió para instar al Gobierno a solicitar al Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna. En 2011, los diputados se vieron obligados a interrumpir sus vacaciones para debatir medidas sobre la crisis económica iniciada en 2008. Y el 30 de agosto de 2016 se inició la segunda investidura de Mariano Rajoy después de que el PP perdiera en diciembre del año anterior la mayoría absoluta.
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