De Telefónica a Indra: el largo brazo inversor de Moncloa

Bajo su paraguas aparecen empresas como Correos, Navantia, la agencia de noticias EFE, Hunosa, Sepides o Tragsa. De todas ellas, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda -responsable último de la SEPI-, es el accionista mayoritario o, incluso, el único propietario. Pero cada vez más, Moncloa toma posición en empresas del Ibex-35 y en otras cotizadas. «Es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial», señalan los economistas.

Con el paso de los años, este brazo inversor ha ido acumulando poder en empresas estratégicas, la última de ellas fue Telefónica. Durante el pasado mes de abril, el desembarco de los saudíes de STC puso en alerta a La Moncloa y llevó al Ejecutivo de Sánchez a reforzar su presencia en la teleco española más de dos décadas después de su venta y, ahora, a pilotar su rumbo al poner como presidente a un afín, Marc Murtra. Pero Telefónica no es la única.

En febrero de 1997 el Gobierno de José María Aznar puso a la venta casi 200 millones de acciones que el Estado poseía en Telefónica. «La mayor OPV hasta aquella fecha», recuerda la SEPI en su página web. Registró más de 1,2 millones de peticiones y obtuvo unos ingresos brutos de 3.786 millones de euros con un precio de venta por acción de 19,47 euros. Casi tres décadas después, ahora con Pedro Sánchez al mando, la SEPI posee el 10% de la teleco y se ha convertido en el principal accionista. Por tanto, es clave para la toma de decisiones, como el consumado relevo en la cúpula.

Se trata también de una empresa estratégica del sector de la tecnología y la defensa, así como del tráfico aéreo y los transportes. La privatización de la compañía llegó un año después de la de Telefónica y ahora vuelve a ser una de las principales cartera de inversiones de la SEPI dentro del apartado de participaciones minoritarias. Con el 27,99% del paquete accionarial, Moncloa es también el principal accionista de esta compañía, duplicando casi al segundo, los hermanos Escribano, que poseen el 13,99%. Precisamente uno de ellos -Ángel- será el nuevo presidente de la compañía en sustitución de Marc Murtra tras la salida de este para pilotar Telefónica.

La antigua Red Eléctrica Española (REE) es también otra de las compañías en la cartera de propiedades de la SEPI. El Estado, con el 20% de la participación, es, como en los casos anteriores, el máximo accionista. Al frente de esta operadora de infraestructuras energéticas se sitúa una vieja conocida del PSOE: Beatriz Corredor, exministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero.

La participación en Redeia no es la única en el sector energético. Enagás también cuenta con presencia de la SEPI, aunque en este caso solo es un 5%.

En el sector de la aviación, Moncloa mantiene una doble presencia. Por un lado, ostenta el 51% de Aena, la compañía que gestiona los aeropuertos españoles, aunque no lo hace a través de la SEPI. Y, por otro, en este caso sí con este vehículo, aún cuenta con la histórica participación de Iberia, dentro ya del conglomerado IAG, que supone un 2,71% del holding de la aerolínea.

Además de estos seis grandes del Ibex, la SEPI también está en el accionariado de Airbus e Hispasat. A ellas se suman sus posiciones en Ebro Foods (más del 10%), una de las principales empresas de alimentación de España, propietaria de conocidas marcas de arroz como SOS, Brillante o La Fallera, o de pasta como Garofalo, entre otras.

La SEPI es uno de los brazos y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). A través de este último, el Estado controla casi el 18% del accionariado de CaixaBank, aunque se prevé que a lo largo de este ejercicio se produzca la salida del capital. «Tras el perfeccionamiento de la fusión entre CaixaBank y Bankia, el FROB acordó la adaptación de su marco para la desinversión, que es continuista», señaló la entidad en su última memoria de actividades, correspondiente al ejercicio 2023.

Al frente de todas estas participaciones en el Ibex se encuentra, recientemente, Javier Castro. Abogado del Estado desde 2013 y licenciado en Derecho, desde el pasado día 14, es el encargado de gestionar la cartera de participaciones de la SEPI valorada en más de 10.800 millones de euros.