Gipuzkoa recibe un aluvión de solicitudes de licencias VTC ante un posible vuelco legal

La Diputación de Gipuzkoa ha recibido en el último mes más de 600 solicitudes de licencias para Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), tantas como taxis circulan por el territorio, pensadas para trabajar para plataformas como Uber o Cabify. Un aluvión sin precedentes después de que el pasado 15 de diciembre el abogado general de la Unión Europea, Maciej Szpunar, considerase que el agarradero sobre el que se sostiene la limitación que muchos gobiernos locales y regionales en España, entre ellos el vasco, imponen para evitar la implantación de este tipo de negocio «viola la libertad de establecimiento» y que «la viabilidad económica de los servicios del taxi no lo justifica».

Se trata de la proporción un VTC por cada 30 taxis que el Gobierno instauró en 2018 a través de un real decreto-ley –conocido como 'decreto Ábalos' por el entonces ministro de Fomento– y que es a lo que se acogen algunas istraciones, como el Gobierno Vasco, para evitar la concesión de licencias. La norma no es de obligado cumplimiento ni impide ser más flexible. De hecho, en algunos lugares como Madrid, el sector está liberalizado. Pero sí da soporte legal a las comunidades autónomas para denegar la concesión de nuevas licencias si así lo desean.

En Euskadi existen en la actualidad 193 licencias VTC y 2.012 de taxi. Una proporción 1/10. En Gipuzkoa son 30 y 614, respectivamente. Es decir, un VTC por cada 20 taxis, aunque a efectos prácticos la situación de Gipuzkoa es irrelevante porque la relación se tiene en cuenta a nivel autonómico.

Como Euskadi hizo suya la regulación estatal en este caso, con la relación actual no se conceden licencias VTC ni se concederán en los próximos años mientras no cambie la normativa o el número de taxis se multiplique por tres y llegue a 5.790. Y este último es un escenario poco probable.

En Euskadi, los VTC activos son un modelo de negocio diferente al de Uber y Cabify, más dirigido a servicios '' con reserva previa, que han convivido durante décadas con los taxis sin problemas al dirigirse a públicos distintos. En Gipuzkoa ofrecen estos servicios empresas como Suital o Vallina. La entrada de estos nuevos VTC sí supondrían una competencia directa para los taxistas tradicionales, como ha sucedido en otros lugares, donde se han llegado a producir enfrentamientos.

El pronunciamiento del abogado de la UE no es baladí. Todo lo contrario, abre la puerta a que el 'decreto Ábalos' acabe invalidándose y las trabas para la implantación de VTC allí donde existen se reduzcan o incluso desaparezcan. Por lo tanto, que se abra o, al menos, se flexibilice este mercado. Ese es el motivo por el que se está produciendo en estos momentos semejante avalancha de solicitudes.

Lo que ha hecho Szpunar es hacer público su dictamen de conclusiones en el proceso que se sigue entre la empresa Prestige and Limousine, una filial de Cabify dueña de varios cientos de licencias, principalmente en Barcelona, contra la decisión del Ayuntamiento que dirige Ada Colau de obligar a cumplir la proporción 1/30 y exigir además que cada vehículo de alquiler con conductor cuente con una licencia extra concedida por el Ayuntamiento de la ciudad condal, además de la otorgada por la Generalitat de Catalunya.

El caso está en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que decidió trasladar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de itir a trámite los recursos de la compañía. Y es aquí donde radica la importancia del asunto. Será en última instancia el Tribunal de Luxemburgo el que fije doctrina y determine la legalidad o no de las limitaciones de Barcelona y, por extensión, del 'decreto Ábalos'. Pero el pronunciamiento del letrado polaco ha llenado de esperanza al sector. Los dictámenes del abogado general son muy tenidos en cuenta por al Alto Tribunal comunitario y no es inhabitual que sus decisiones coincidan o se asemejen mucho.

Por el momento, y dado que la normativa no ha cambiado, la Diputación de Gipuzkoa está rechazando todas las solicitudes que se presentan. Arguye que no hay lugar para más licencias, apelando al cupo 1/30 que establece la normativa vasca. Aunque la legislación es autonómica, es la Diputación la encargada de tramitar y aprobar o denegar las solicitudes de licencia a través del departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio.

Fuentes de este área, que dirige Rafaela Romero (PSE), recalcan que estos rechazos no obedecen a ningún posicionamiento de la Diputación respecto a esta cuestión, sino al «mero cumplimiento de nuestra obligación como institución encargada de tramitar las peticiones y acatar la normativa vigente».

Tras confirmar que, efectivamente, «se ha producido una auténtica avalancha de solicitudes», explican que se trata de empresas que aspiran a un número importante de licencias. «No son personas individuales en busca de una oportunidad laboral», especifican.

Hasta la fecha se han presentado solicitudes para 600 vehículos, pero se esperan más. «Tenemos constancia de que se van a presentar al menos otras 100 y probablemente vayan llegando más próximamente». Por ahora se han rechazado un centenar, y el resto seguirán la misma suerte, en tanto la ley no cambie. De ese centenar, 50 correspondían a una misma empresa.

Fuentes próximas al sector señalan por su parte que lo que están haciendo las empresas es «preparar el terreno» para el caso de que el Tribunal de Luxemburgo acabe con la limitación vigente y se abra el mercado. Aun a sabiendas de que todas las solicitudes que se presenten ahora van a ser rechazadas.

Explican que con ese rechazo basado en la existencia de un cupo, si la Justicia dictamina la ilegalidad del baremo 1/30, pueden recurrir a los tribunales y exigir que se les acepte la solicitud porque la denegación se sustentaría en una normativa declarada ilegal. «Algo similar a lo que ha sucedido con la sentencia que obliga a la Diputación a devolver el dinero de los peajes a los camioneros», equiparan.

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