La Justicia frena la construcción de 1.700 viviendas en los cuarteles de Loiola tras un recurso de Vox

Jarro de agua fría judicial a los planes de vivienda de Donostia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ordenado incluir los cuarteles de Loiola en el catálogo municipal de patrimonio, decisión que provoca de facto la interrupción de las negociaciones de compraventa del terreno entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Sebastián. El acuerdo abría la puerta a la mayor operación urbanística de Donostia, con 1.700 viviendas, que ahora quedan paralizadas. Se da la circunstancia de que el fallo del tribunal se basa en un informe de 2009 de la Diputación de Gipuzkoa y otro del Gobierno Vasco –gobernados por el PNV–.

El TSJPV estima parcialmente el recurso presentado en 2021 por Vox a la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc). El partido de Santiago Abascal solicitaba protección para los cuarteles, una maniobra con la que pretendía impedir la salida del Ejército de la capital guipuzcoana y que, como efecto secundario, castigará las esperanzas de crecimiento y expansión de la ciudad. La sentencia, conocida ayer por las partes, argumenta que los cuarteles «cumplen los criterios sentados en el Peppuc para ser protegidos» y se apoya en sendos informes de Diputación y Gobierno Vasco «a favor de la protección».

En su argumentación, el tribunal añade que otro aspecto que lleva a considerar que debe existir protección es el estudio comparativo entre cuarteles, en el que se concluye que «los que quedan en pie tienen protección y están catalogados a excepción del de Astorga (León), que sigue destinado a acuartelamiento». ite que este «no es de por sí un dato concluyente pues resulta evidente que no son cuarteles idénticos», pero señala que es «una comparativa ilustrativa» que sirve para «reforzar la conclusión probatoria que se sostiene».

La protección de los cuarteles de Loiola se llevará a cabo «en la forma expuesta en el documento técnico de análisis del Peppuc de la Diputación, con los elementos incluidos y excluidos en el mismo». El grado de protección será el que corresponda con el grado IV contenido en este informe, quedando descartado el grado A, ya que esta categoría está reservada a elementos «cuya inclusión venga impuesta por norma sectorial». Paradójicamente, el informe en cuestión fue redactado en 2009, cuando la diputada de Cultura era María Jesús Aranburu, del PNV.

La mayor operación urbanística de Donostia queda así en agua de borrajas. La intención del Ayuntamiento era hacerse con la propiedad de las 17 hectáreas de terreno que hoy ocupa el acuartelamiento en la margen derecha del Urumea para construir un nuevo barrio.

Para ello había iniciado hace año y medio unas negociaciones con Defensa que estaban a punto de cristalizar. Una comisión formada por técnicos de ambas instituciones llevaba meses trabajando para definir los límites de la propiedad, la superficie construible total y otras cuestiones sobre plano. También se habían entablado conversaciones con URA, la Agencia Vasca del Agua, con el objetivo de conocer qué obras habría que acometer en la curva del río dentro del plan de prevención de inundaciones.

Por último, había que fijar un precio de compraventa, que dependería en buena medida de cuántas viviendas se podrían construir y qué porcentaje de las mismas sería de protección pública. El alcalde, Eneko Goia, se había mostrado optimista sobre un próximo acuerdo en sus recientes comparecencias e incluso se animó a fijar una fecha para el anuncio oficial: este verano.

La principal razón por la que ambas partes todavía no habían sellado el acuerdo estaba en la letra pequeña. Concretamente, en «implicaciones económicas de la operación, sobre los impuestos, y también algunos asuntos jurídicos», informó el propio Goia quien añadió que «no es por el precio. Hay que tener todo bien analizado porque es una cuestión de envergadura y hay que trabajarla bien».

Ahora, todo ha saltado por los aires tras la sentencia del TSJPV, que sitúa a los responsables municipales ante la tesitura de encontrar nuevos ámbitos en los que construir pisos y atender la principal preocupación de los donostiarras: la vivienda.

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