Yolanda Díaz cierra la puerta al traspaso de competencias para establecer un SMI vasco

La representante de Sumar en el Gobierno de coalición ha señalado que la última reforma del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores proporciona herramientas para abordar la mejora salarial desde el diálogo social. Esta modificación refuerza el papel de los convenios autonómicos, otorgándoles prioridad aplicativa sobre los estatales de sector, siempre que su contenido resulte más favorable para los empleados. Esta vía, sin embargo, parece cerrada para establecer un SMI propio que afecte a todos los trabajadores vascos, ya que la patronal rechaza sentarse a negociarlo.

La cuestión es que Confebask ya cerró la puerta en febrero a siquiera abrir una negociación sobre este asunto con la mayoría sindical vasca -ELA, LAB, CC OO y UGT-. La patronal se negó tajantemente a sentarse, alegando que una subida del salario mínimo «pondría en riesgo la competitividad y la sostenibilidad» de las empresas. Su negativa supuso un auténtico jarro de agua fría tanto para las centrales, que por una vez habían aparcado sus diferencias y unido fuerzas, como para el Gobierno vasco, que había respaldado la apertura de esa mesa de diálogo.

Tras el portazo de la patronal, ELA y LAB optaron por aumentar su apuesta en el terreno institucional. Las centrales nacionalistas anunciaron su intención de impulsar una Iniciativa Legislatuva Popular (ILP) para que el Parlamento vasco -sin competencias en la materia- apruebe una propuesta de SMI propio que redoble la presión sobre el Ejecutivo autonómico para defender un cambio normativo en Madrid. Una vía que Yolanda Díaz no comparte ni respalda.

La clave está en que el debate del SMI propio para ELA y LAB es una cuestión ligada al soberanismo y buscan exhibir que en sus territorios hay margen para un salario mínimo mayor que en el conjunto de España. Pero desde la izquierda no nacionalista se advierte de que podría dar pie a bajadas del SMI en las comunidades más afectadas por este suelo, que Díaz ha señalado como «una herramienta de cohesión territorial».

La vicepresidenta, en cualquier caso, ha reiterado que «está en manos de los negociadores» -patronal y sindicatos- la posibilidad de subir los salarios, apelando a Confebask para que vuelva a la mesa de diálogo. ELA, LAB y otros sindicatos nacionalistas -sin coordinación con CC OO ni UGT- reclaman en este foro que el salario mínimo en Euskadi se fije en 1.500 euros mensuales en 14 pagas, muy por encima de los 1.184 euros actuales establecidos a nivel estatal. Aunque se trata de una propuesta más moderada que las planteadas inicialmente -1.795 euros por parte de ELA y 1.600 por parte de LAB-, la patronal sigue rechazándola de plano, alegando que comprometería la competitividad de las empresas vascas.

Los sindicatos nacionalistas ya advirtieron ayer ante Díaz, que al menos en público no cerró la puerta al traspaso competencial, que «pondrán en marcha toda su capacidad movilizadora» para conseguir este SMI propio. Ante el agotamiento de la vía institucional o la imposibilidad de acordar con la patronal, ELA y LAB amenazan con »aumentar la conflictividad laboral« y redoblan la presión sobre un Gobierno vasco que «debe alejarse de gestos favorables a la patronal y empezar a presionarla».