La Fiscalía de Gipuzkoa reclama «más implicación» de los colegios ante situaciones de acoso escolar

La sensibilización con el 'bullying' en Gipuzkoa surgió principalmente por la muerte del joven Jokin Ceberio, que en 2014 se quitó la vida en Hondarribia después de haber sufrido acoso, y que marcó un antes y un después en los protocolos de vigilancia y prevención ante este tipo de situaciones. Desde entonces se reforzaron las medidas de control, con más campañas de prevención y con protocolos que establecen cómo actuar en caso de detectar una situación de 'bullying' en las aulas. Desde la Fiscalía de Gipuzkoa no critican los protocolos, pero sí reconocen que «no están surtiendo efecto».

Cuando un colegio tiene conocimiento de una posible situación de acoso, se activa una «especie de investigación interna» en la que se cita a los menores implicados y a sus padres. «Consideramos que el protocolo está bien, pero desde el punto de vista de la Fiscalía los colegios tienen que llevar a cabo una actuación más activa en cuanto a la protección de los menores que están en una situación más vulnerable por las circunstancias que sean, y que esa situación hace que sean objeto de acoso».

Así ocurrió, aseguran desde el Ministerio Fiscal, en el centro en el que durante más de un año un grupo de chicos y chicas entre 14 y 16 años sometieron a insultos, amenazas, empujones y humillaciones continuas a un compañero de clase (se omite el nombre del centro para proteger la identidad de los jóvenes). Once adolescentes serán juzgados próximamente por estos hechos en el Juzgado de Menores, en el proceso con más imputados por un caso de 'bullying' en Gipuzkoa. «Entendemos que no hubo una respuesta suficiente por parte del colegio en este caso, y en muchos otros tampoco», denuncian. Todas las agresiones (ninguna física) se produjeron dentro del colegio. Por esa razón la Fiscalía reclama de forma subsidiaria la responsabilidad civil al Gobierno Vasco, como responsable del centro, al entender que se produjo lo que en materia jurídica se conoce como 'culpa in vigilando'. «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado», recoge el Código Civil.

No es el protocolo el que falla, insisten, sino la forma de actuar de los centros y sus trabajadores. «Los colegios tienen que implicarse más en la lucha contra el 'bullying'», dice tajante la responsable de la Fiscalía de Menores, y apela directamente al profesorado. «Hace falta una mayor vigilancia por parte de los docentes a los jóvenes que por sus circunstancias personales, educativas, familiares o sociales pueden ser más objeto de una situación de 'bullying' o que ya lo están siendo. No es cuestión del protocolo, sino del trabajo del día a día, a nuestro entender».

Ocurre con el acoso escolar que rara vez se limita a un 'uno contra cero'. La presión en grupo surte un efecto más lesivo, ya que el acosador se siente respaldado por el resto. La víctima, claro, se vuelve aún más vulnerable. En este último caso la Fiscalía ha decidido imputar a once menores, una medida que considera más eficaz para actuar en la raíz del problema, tal y como recoge en su última memoria anual. «Penalizar al grupo con independencia de las acciones individuales puede resultar una idea peregrina», señalan desde el Ministerio Fiscal, pero aseguran que si se condena a una clase en conjunto «con la prohibición del ejercicio de determinadas actividades o la realización de prestaciones comunitarias», al mismo tiempo que se imponen sanciones penales a los acosadores, «podría servir para captar la verdadera naturaleza del acoso escolar», dado que «lo que daña no es la acción individual, ni su gravedad, sino la acción colectiva que sepulta al que es diferente».

Y esas diferencias pueden ser por muchas razones. «Por su grado de minusvalía, por su físico, origen sexual, social o racial. O simplemente porque no responde a los patrones colectivos de edad y grupo social. Se puede aislar a un joven que no juega a fútbol, o a un chico que es demasiado brillante», advierten.

Por otro lado, reclaman que el acoso escolar se tipifique como delito en el Código Penal, para elevar así a categoría de conducta ilícita comportamientos que en otros contextos resultan leves. «Ya se hizo con la violencia de género, que castiga a quien empuja a su mujer, marido o hijos. Y también con el tráfico de drogas, adelantando la barrera penal a la sanción de actos que en otros delitos constituirían formas imperfectas de ejecución», recuerdan.

En el acoso escolar, desde la Fiscalía de Menores lamentan que el hecho de que no se recoja como tal en el Código Penal, y que por tanto haya que aplicar otras figuras como el delito de integridad moral, las amenazas o las lesiones, deja «abandonada a la Infancia y Juventud. No son ni una, ni dos las víctimas de acoso escolar que acaban en la Unidad de Psiquiatría Infantil del Hospital Donostia tratadas medicamente de intentos autolíticos».