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Las políticas de vivienda y de movilidad han marcado el transcurso de la primera mitad de la legislatura en San Sebastián. La ciudad con el ... metro cuadrado más caro debate cómo resolver el problema de a la vivienda y lo hace de la mano de un Gobierno Vasco que ha redoblado su protagonismo y su compromiso con la promoción de VPO. La declaración como zona tensionada, pero sobre todo el acuerdo para ceder suelos, vaticina una nueva era en la que las instituciones locales y autonómicas acompasen sus decisiones para hacer realidad promociones que duermen el suelo de los justos en el planeamiento donostiarra. La revisión del PGOU ha recuperado en su fase de avance proyectos como el de Auditz Akular, que sale del congelador tras 15 años aunque sin saber con qué futuro.
La ciudad llega a la mitad de la legislatura habiendo desbloqueado el acuerdo de venta de los cuarteles militares de Loiola, cuya enésima incógnita vino de la mano de Costas. En febrero de este año se resolvió el entuerto, pero aún no se han firmado las escrituras ni reactivado el convenio para materializar el traspaso. El nuevo clima de entendimiento con el Departamento vasco de Vivienda ha permitido, al menos, desatascar la segunda fase de Txomin Enea II al lograr que los suelos de la vieja carcel de Martutene no volvieran a manos del Ministerio del Interior sino que se pusieran, sin mayores costes para la ciudad, al servicio de la construcción de 400 pisos públicos.
La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones y la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenibles adelantan la movilidad del futuro, mientras los conductores sortean como pueden las obras del Topo y se adaptan a la plaza Aita Donostia. Y la ciudad se prepara para aprobar la nueva normativa que impedirá abrir nuevos alojamientos en suelo residencial, e intentar ordenar la actividad turística. Lo que sí se frenó fue el proyecto de centro comercial en San Bartolomé.
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